Los hombres imputados y condenados por un delito de maltrato podrán ser obligados por el juez a portar siempre una pulsera electrónica con GPS para controlar sus movimientos y, de este modo, mejorar la protección de las mujeres amenazadas. Para agilizar la implantación de estos dispositivos, el Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la activación de este sistema de GPS y pone a disposición de las comunidades un total de cinco millones de euros.

Según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, las pulseras "van a permitir aumentar la protección" de la víctimas y hacer un seguimiento de las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces.