El Gobierno español ha confirmado al juez Ismael Moreno la escala en la base de Rota (Cádiz) de uno de los vuelos sospechosos de trasladar a presos detenidos en Afganistán en 2002 y conducidos a la base naval Guatánamo (Cuba), según informa este sábado El País. Una operación que se enmarcaría en los conocidos como 'vuelos de la CIA' .
La información recogida por el ministerio de Defensa y trasmitida al magistrado que investiga el supuesto uso de bases españolas entre 2002 y 2006 para llevar hasta la prisión estadounidense a centenares de detenidos o conducir a secuestrados a cárceles secretas, admite la escala que el 28 de octubre de 2002 hizo en ese aeropuerto el avión C-17 con indicativo RCH 319 y su posterior despegue rumbo a la base naval de la isla caribeña.
El aparato permaneció durante varias horas en suelo español. Hasta ahora, Defensa no había aportado sus registros oficiales ni al juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional ni al Parlamento, donde se han producido en los últimos años varias comparecencias de miembros del Gobierno.
La documentación recibida por el magistrado de la Audiencia Nacional está firmada por la denominada Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, dependiente de la secretaria general de Política de Defensa.
Identificación de testigos
Por otra parte, el juez Moreno ha pedido este fin de semana al Ministerio de Defensa y a AENA que identifiquen a los oficiales de vuelo y controladores civiles y militares de esas bases aéreas.
Fuentes jurídicas han precisado que el magistrado solicita una "identificación completa y actual domicilio" de los funcionarios de dicho ministerio o empleados de AENA que hayan intervenido en el control del tránsito aéreo de las bases aéreas de Torrejón de Ardoz (Madrid), Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) entre enero de 2002 y diciembre 2006.
A finales del pasado mes de mayo, Moreno reclamó los planes de vuelo de dichos aeropuertos entre esas fechas -período en el que supuestamente se operaron los vuelos-, aceptando así una parte de las pruebas que le habían solicitado el fiscal de la causa, Vicente González Mota, y las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Libre de Abogados (ALA) e Izquierda Unida (IU).
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