Según explicó a los periodistas el letrado de algunos de los ex ediles, Ernesto Osuna, en la reunión de esta mañana con el responsable de la Fiscalía de Medio Ambiente malagueña, se concretaron los términos del acuerdo para estos ex concejales, que se ha mantenido tal y como se cerró inicialmente hace una semana, es decir, con penas de un año de cárcel -lo máximo que recoge el acuerdo global-, que no se podrán sustituir por multa.

El abogado apuntó que las penas cumplidas hasta ahora por estos concejales por causas urbanísticas "deben computarles porque se trata del mismo tipo de delito y según la ley, tiene que ser así"; y añadió que de hecho "está incluido en el pacto, aunque no se tendrá en cuenta nada que no sea el mismo tipo de causas", como por ejemplo el tiempo que algunos de los ex representantes municipales como Muñoz estuvieron sólo como presos preventivos por el caso Malaya.

Después del verano

Así, esperó que se pueda poner en práctica después del verano, para el mes de septiembre. En este sentido, explicó que ahora habrá que hacer una lista de las causas pendientes, no sólo en los juzgados penales sino también en los de instrucción; comprobar que estos procedimientos se ajustan a los criterios de la ley y, posteriormente, aplicar el acuerdo, con un escrito de conformidad entre defensa y acusación, que se presentará en el juzgado correspondiente para que dicte sentencia.

Respecto a la segunda corporación del GIL, explicó que se ha aplazado hasta junio la continuación de las conversaciones para concretar el pacto que se les aplicaría, sobre el que "la Fiscalía mantiene su postura" de ingreso en prisión; mientras que los abogados pretenden llevar a cabo otras fórmulas. En el encuentro no se abordó la situación de los miembros de la tercera corporación.

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