Madrid inspecciona 106 pisos turísticos de Centro tras las denuncias vecinales

Dos turistas recorren la Plaza Mayor con sus maletas.
Dos turistas recorren la Plaza Mayor con sus maletas.
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Dos turistas recorren la Plaza Mayor con sus maletas.

El Ayuntamiento de Madrid ha inspeccionado un total de 106 alojamientos turísticos en el distrito Centro entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Estas actuaciones se han producido después de las denuncias recibidas por diferentes asociaciones vecinales de la zona al entender que se estaba ejerciendo una actividad en los citados inmuebles para la que no contaban con autorización.

Las notificaciones vecinales  ante la Agencia de Activades (organismo del Ayuntamiento de Madrid que tramita toda actividad económica que se desarrolle en la ciudad) tuvieron lugar durante el segundo semestre de 2017 y principios de año. La consecuencia de estas denuncias ha sido la inspección urbanística de 106 apartamentos turísticos y viviendas de uso turísticas.

De ellos,  63 (47 apartamentos turísticos y 16 viviendas de uso turístico) tendrán que cesar en su actividad tras comprobar los funcionarios municipales que el ejercicio de esta actividad económica se estaba realizando sin la pertinente licencia. Los inmuebles afectados están situados en las calles Ventura de la Vega 10, Costanilla de los Desamparados 4, Carretas 25, Santa María 36 y Calvario 6.

El resto de expedientes afectan a 43 alojamientos turísticos. En estos casos, al no haberse podido verificar en la inspección el ejercicio de actividad de viviendas de uso turístico, se ha solicitado información complementaria a la Comunidad de Madrid para actuar en consecuencia. Las viviendas afectadas se encuentran en las calles Ventura de la Vega 13, Nuñez de Arce 7,  Corredera Baja de San Pablo 33 y Abades 3.

Desde el Ayuntamiento de la capital explican que "las actuaciones municipales en materia urbanística se realizan sin perjuicio de las que debe ejercer la Comunidad de Madrid", que ostenta la competencia exclusiva en materia de turismo en los términos del artículo 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

El Gobierno regional ha regulado estas actividades en el Decreto 79/2014, de 10 de julio,  por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, teniendo la competencia disciplinaria y sancionadora en materia turística. En la actualidad, el Ejecutivo que dirige Cristina Cifuentes trabaja en la modificación del texto.

"No podemos imponer ninguna sanción. No tenemos esa competencia. Simplemente ordenamos el cese de una actividad económica que no cuenta con licencia", señalan fuentes municipales, que recuerdan que "debido a la constatación de que la normativa de la Comunidad ha sido insuficiente" el Consistorio ha decidido regular urbanísticamente esta actividad.

Para ello, el Gobierno municipal de Ahora Madrid exigirá que los alojamientos con fines turísticos —ya sean apartamentos o pisos turísticos— que ejerzan la actividad económica durante más de tres meses necesitarán contar una licencia urbanística, ya que a partir de 90 días tiene consideración de negocio, como una zapatería o un bar. De momento, la concesión de estas licencias está paralizada mientras se tramita el Plan Especial de Alojamientos Turísticos para modificar las normas urbanísticas del Plan General.

"Todos los pisos turísticos en el distrito Centro son ilegales y deberían ser cerrados por el Ayuntamiento de Madrid", sentencian desde la plataforma. Los vecinos argumentan, entre otros, que estas viviendas que se están alquilando empresas privadas a turistas incumplen el decreto 79/2014 de la Comunidad de Madrid que obliga a que cada apartamento tenga un acceso exclusivo desde la calles, una exigencia que no ocurre en la inmensa mayoría de los inmuebles. "Las licencias, de ser solicitadas, tendrían que ser denegadas, y sin embargo la mayoría de ellos funcionan sin haberla solicitado", afirman los afectados, que aseguran que para poder dedicar íntegramente edificios a pisos turísticos se hace necesaria la redacción de un Plan Especial del que carecen casi todos los inmuebles denunciados.

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