La Junta Única de Resolución (JUR) permitirá a Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic, el acceso parcial al informe de Deloitte y a otros documentos relacionados con la resolución de Popular.

En concreto, el Panel de Recurso de la JUR ha estimado un recurso presentado por Aeris Invest, que ha estado representado por Roca Junyent, en el que se solicitaba acceso al informe de Deloitte y otros documentos, petición que ha sido concedida parcialmente, pues algunas partes deberán seguir siendo confidenciales.

El Panel de Recurso no precisa qué partes deberán seguir siendo confidenciales, aunque este acceso parcial permitirá conocer numerosos datos, informaciones y predicciones del informe elaborado por Deloitte, incluidas sus conclusiones y los rangos económicos de su valoración.

En cualquier caso, el organismo que preside Elke König, que está citada en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de diciembre, deberá aportar una nueva versión de los documentos en la que solo podrá omitir información verdaderamente confidencial, según ha informado Aeris Invest, que perdió 113 millones de euros con la resolución de Popular.

El grupo chileno, que contaba con una participación del 3,45% de Banco Popular en el momento de su resolución, indica, además, que la JUR deberá fundamentar toda censura de datos que lleve a cabo, explicando por qué debería guardarse la confidencialidad de los mismos.

"Aunque la decisión del Panel de Recurso es recurrible, el avance que supone un importante hito ya que, a partir de ahora, la JUR deberá conceder el acceso a datos, hasta el momento desconocidos, que abren la puerta a una defensa mucho más sólida", agrega el grupo.

Se han presentado más de 40 recursos de diversa naturaleza ante en Panel de la JUR. En al menos 34 de ellos, el órgano no se ha pronunciado sobre el fondo y no los ha admitido al entender que estaban formulados incorrectamente, o que tenían por objeto cuestiones que no eran de su competencia.

En agosto, la Comisión Europea negó a algunos despachos el acceso a las versiones confidenciales de los informes elaborados por el Banco Central Europeo (BCE) y por la JUR en relación Popular, así como al trabajo de valoración realizado por Deloitte.

Bruselas entendía que su publicación podría comprometer la estabilidad financiera de la Unión Europea y dañar los intereses comerciales de Santander y de sus accionistas, pues estos documentos contienen información sobre la posición de Banco Popular en el mercado, así como datos sobre sus activos y obligaciones.

"La divulgación pública de esta información, en este momento, podría perjudicar la protección de los legítimos intereses comerciales de Banco Santander en relación a su posición competitiva en el mercado bancario", aseguró la Comisión Europea a finales de agosto.