Según publica el diario El País en su página web, el Gobierno estaría esperando un informe policial para promover la ilegalización de ANV tras el último atentado de la banda terrorista ETA en el que murieron dos guardias civiles en Capbreton (Francia) .

El Gobierno espera impedir que ANV se presente a las próximas elecciones generales del 9 de marzo y aunque la Fiscalía cree que el proceso podría durar unos tres meses, la demanda de ilegalización de Batasuna del 2003 duró siete meses de tramitación.

El Ejecutivo sabedor de los plazos está barajando la posibilidad de presentar una convocatoria de urgencia en la sala 61 del Tribunal Supremo que es el que se encarga de de la aplicación de partidos, asegura El País.

Cándido Conde-Pumpido

Por su parte, la Fiscalía General del Estado también estaría preparando su demanda de ilegalización. En esta ocasión el fiscal general Cándido Conde-Pumpido ya anunció la semana pasada que las negociaciones "están muy avanzadas" y recordó que el juez Baltasar Garzón ya lleva un proceso penal en marcha que podría desembocar en la suspensión de las actividades de ANV.

Estos procesos, explica El País, ya convivieron juntos en agosto de 2002 cuando Garzón y bajo el Gobierno de José María Aznar, "convocó un pleno extraordinario del Congreso para aplicar la nueva Ley de Partidos para ilegal izar a Batasuna".

Por su parte Garzón ya solicitó un informe policial el 7 de octubre sobre ANV coincidiendo con la detención de la cúpula de Batasuna. A día de hoy, el magistrado no habría recibido ese informe que podría servir de base al Gobierno para promover la ilegalización de ANV.