El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defendió este jueves la decisión judicial de enviar a prisión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a ocho exconsellers al afirmar que los hechos que se imputan "arrancan hace dos años" y "bastante paciencia ha tenido el Estado de derecho".

Maza lo expresó así en una entrevista en la Cadena Ser, horas después de que la juez Carmen Lamela ordenase prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers, y prisión con fianza para el también exconseller Santi Vila, mientras permanece en Bruselas el expresidente Carles Puigdemont, sobre quien pesa una petición de arresto internacional que aún no ha resuelto la magistrada.

Para el fiscal general, las peticiones de prisión para los exmiembros del Gobierno catalán se justifican en el riesgo de que sigan delinquiendo y en ese caso "la prisión preventiva es inevitable".

En este sentido, Maza señaló que existe la posibilidad de que los detenidos sigan "insistiendo" en crear la república catalana, en promover protestas o manifestaciones y en "una reiteración delictiva" y que "la única posibilidad de parar" ese riesgo es "tenerles recluidos".

También dijo que la Fiscalía está "plenamente convencida" de que los exconsellers han cometido delito de rebelión, aunque la última palabra la tiene el tribunal, y que ese delito se ha llevado a cabo "por supuesto" con violencia, tanto el día del referéndum ilegal como antes y después.

Maza ha incluido en esa violencia los escraches cometidos a la policía, y ha destacado que en todos los casos "el elemento fundamental de la rebelión es el tendencial, el objetivo de independizarse de España o abolir la Constitución".

El fiscal general recordó que los políticos catalanes se ha negado a responder a las preguntas de la acusación, y apuntó que, si lo hubieran hecho, la decisión de la juez podría haber sido distinta, o que si hubieran declarado que aceptaban la Constitución y el artículo 155 "a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado".

Sobre el hecho de que él mismo haya firmado la querella que ha dado lugar posteriormente a la orden de prisión, nóeg que haya sido un gesto de "chulería" por su parte y, aunque admitió que no es su manera habitual de proceder, lo justificó en la "responsabilidad" que recae sobre él y en "la importancia y la trascendencia de las personas contra las que me querello que deben ser tratadas a la altura".

Según Maza, "en ningún momento" se ha visto presionado por el Gobierno a lo largo de este proceso, e incluso aseguró que "habría datos para que se dieran cuenta de que no hay sintonía" con el Ejecutivo central: "el ministerio fiscal es autónomo y no tiene por qué corresponder con otras vías políticas", dijo.

Sobre la situación de Puigdemont, defendió que no se tomaran medidas porque se pensaba que el riesgo de fuga era bastante pequeño y que cabría suponer que este jueves iba a comparecer ante la Justicia, como lo han hecho parte de los consellers.

Recordó que los detenidos deberán ser juzgados y que "la medida cautelar no es un castigo. Se valora el riesgo de fuga, la posibilidad de destruir pruebas y lo más importante, impedir el riesgo de reiteración delictiva".

Caso distinto, añadió, es el del exconseller Santi Vila, para quien la juez ha pedido prisión eludible con una fianza de 50.000 euros, pues según destaca el auto no va a seguir con el delito.

Según el fiscal general del Estado, si los detenidos aceptaran la Constitución, el 155 y volver a la legalidad, "sin duda el argumento fundamental quedaría sin efecto si no hay reiteración" y entonces solamente habría que valorar el riesgo de fuga, algo, ha apuntado, "que se puede controlar sin la privación de la libertad".