El jefe negociador de la UE para el brexit, Michel Barnier, ha admitido que hasta dentro de "semanas o meses" no se lograrán progresos "suficientes" en las negociaciones del brexit, aunque sí ha destacado que el proceso se ha dinamizado en esta cuarta ronda que acaba de terminar. Sus palabras contrastan con el entusiasmo mostrado por su homólogo británico, David Davis, que ha hablado de "progresos considerables".

Barnier ha dejado la puerta abierta a la opción de un periodo de transición, propuesto por Theresa May el pasado viernes, que pueda servir para desbloquear la situación, aunque ha puesto de manifiesto que la división de opiniones es total, sobre todo, en dos temas: la factura que tendría que pagar Reino Unido para salir -y su relación o no con la futura relación mutua- y el papel que jugará el TJUE.

En el tema de los derechos de los ciudadanos, Davis ha defendido "ir más allá de los estrictos requisitos de la actual ley de la UE" para protegerlos, por lo que ofreció garantías para el retorno de los europeos asentados en el Reino Unido, a cambio del derecho de movimiento de los británicos en la Unión.

Insistió en que, cuando se convierta en un Estado tercero, "no sería justo" que el Tribunal de Justicia de la UE tuviera un papel en el Reino Unido, aunque se comprometió a incorporar a la ley británica el acuerdo de retirada "con efecto inmediato".

En cambio, Barnier hizo hincapié en que la máxima corte comunitaria debe mantener un "papel sustancial" para garantizar los derechos de los europeos en el Reino Unido, y también lamentó que persistan las diferencias en cuanto a la reunificación de familiares de estos ciudadanos.

Por lo que respecta a la factura de salida, Davis insistió en que su país "honrará los compromisos" hechos durante su pertenencia a la Unión, aunque aún no pueden "especificar exactamente" cuáles son.Barnier insistió en que "el contribuyente europeo no asuma las consecuencias de las decisiones tomadas por los ciudadanos británicos".

En cuanto a Irlanda, Davis indicó que esta semana empezaron a redactar principios comunes para preservar el área de libre circulación entre ese país y la provincia británica de Irlanda del Norte.