El Tribunal de Cuentas ha abierto este miércoles causa contra el expresident de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, para exigirles que paguen los 5,12 millones de euros que fueron destinados a la realización de la consulta del 9-N de 2014.

El auto se ha notificado a las partes una vez que el órgano judicial ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña.

Se exigiría una fianza o embargo preventivo de bienes a los responsables. De esta forma, Mas, Ortega, Rigay y el exconseller de Presidència Francesc Homs tendrían que responder con su patrimonio.

Vistos los recursos de la Generalitat y los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas ha emitido otro auto para anunciar que continúa el procedimiento mediante la designación de un delegado instructor, lo cual puede recurrir la Generalitat en un plazo de cinco días.

En el auto, el órgano fiscalizador recuerda que la Fiscalía denunció en su momento "presuntos daños" a los caudales públicos por el pago de la logística e infraestructura de aquella consulta sobre la independencia de Cataluña.

Los costes investigados van desde los cerca de tres millones de euros invertidos para la adquisición de ordenadores empleados en las mesas de votación, o desde los más de 828.000 para la campaña institucional, al millón de asesoría informática o a los 308.000 euros por envío de información.

En suma, más de 5 millones de euros que pide investigar la Fiscalía y sobre los que podrían responder Mas y los exconsejeros con su propio patrimonio, siempre y cuando el Tribunal de Cuentas vea infracción.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas considera que puede haberse producido "un posible menoscabo del erario debido a la adopción de decisiones de gasto y pago" sin el "suficiente respaldo normativo", algo que, por otra parte, ha explicitado ya en autos anteriores.

Los servicios jurídicos de la Generalitat han reiterado, en cambio, que lo que cabe es el archivo del proceso al no advertir "alcance contable", ya que estima que los gastos tuvieron la "suficiente cobertura constitucional, estatutaria, presupuestaria, legal y contable".

"La gente que hicimos el 9-N ya hemos sido juzgados por la vía penal y se nos ha condenado, pero no se nos condenó por el delito de malversación de fondos públicos. ¿Ahora nos quieren volver a juzgar por algo que ya ha sido juzgado? Esto demuestra que España es un Estado de no derecho", protestó al conocer la noticia el expresident Artur Mas. "Yo no tengo el dinero suficiente para responder ante los cinco millones de euros que pueden llegarse a pedir", añadió.

El actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, replicó que los catalanes votarán el 1 de octubre aunque "el precio sea de cinco millones de euros". "Si el precio del 1-O fuera de cinco millones de euros, teniendo en cuenta que más de dos millones de personas votaron en el consulta del 9-N, sale a dos euros por cabeza. Tenemos dos euros por cabeza", proclamó.

"Harían falta diez transiciones (sin sus 23-F) para poder tener alguna esperanza en la regeneración de un sistema carcomido. Y no, no pasará", añadió el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Intentan apagar el fuego con gasolina, pero nosotros hacemos un tsunami democrático y el agua no se puede parar", concluyó Jordi Turull, conseller de Presidencia y portavoz del Govern.