El Ministerio del Interior asegura que no dispone de ningún "registro" de los que denomina "rechazos en frontera" efectuados por la Guardia Civil en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla desde 2015. Fue entonces cuando se legalizó la práctica de las devoluciones en caliente, a través de una disposición en la ley de Seguridad Ciudadana.

Así lo afirma en una respuesta por escrito a la senadora de Podemos Maribel Mora, de Podemos. "Cuando detectan extranjeros en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, la Guardia Civil lleva a cabo el desalojo", se limita a explicar el Ejecutivo en su contestación.

La propia ley de Extranjería dice que "en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo", el extranjero que quiera entrar tiene derecho a "asistencia letrada, que podrá ser de oficio" y a un intérprete. Asimismo, apunta que la entrada ha de denegarse con una "resolución motivada, con información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deben formalizarlo".

Lo anterior implicaría que sí debería haber un registro. Mora ha calificado como "increíble" que el Gobierno central "asuma sin rubor que incumple la propia Ley de Seguridad Ciudadana que 'legalizó' las 'devoluciones en caliente', para cuya ejecución exige que se respete la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte".

"O el Gobierno miente deliberadamente porque tiene algo que esconder o incumple la normativa nacional e internacional desde el oscurantismo más absoluto pero en cualquier caso tiene un problema con las 'devoluciones en caliente', que mantiene sin ningún control digan lo que digan la Defensoría del Pueblo, las instituciones comunitarias y las organizaciones internacionales", ha censurado.

Mora anuncia que "repreguntará" al Ejecutivo de Rajoy al respecto. La contestación que ha recibido es, a su juicio, especialmente "sorprendente" porque "en 2015, al responder a una petición de información ciudadana basada en la Ley de Transparencia", argumentó que el acceso a información relacionada "con las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control de las Fuerzas de Seguridad está limitado".