El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha decretado este viernes prisión incondicional para el exmandatario.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco explica que González, como secretario general del PP madrileño, tuvo la intención de "sanear las cuentas", por lo que el 7 de junio de 2012, se reunió con el exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, para solicitarle un millón de euros. El magistrado constata que esta cantidad se hizo efectiva debido a la "contratación existente" entre ICM —ente dependiente de la Vicepresidencia regional que dirigía en ese momento también González—, PWC e Indra.

En este sentido, Velasco destaca que a "línea de investigación" de la operación Lezo está relacionada con la "supuesta financiación que habría llevado a cabo el PP de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de esta", refiriéndose a ICM.

Fuentes jurídicas han señalado que entre los indicios delictivos que el juez de la operación Lezo atribuye al expresidente madrileño también está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid, igualmente detenido en esta operación, y para quien el magistrado ha acordado la puesta en libertad siempre que deposite 100.000 euros de fianza antes de las 12 horas del próximo 28 de abril. El pago de dicha comisión se habría llevado a cabo a través de un banco con sede en Suiza.

El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y aportadas al sumario, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La información sobre este pago tendría su origen en los requerimientos que la Guardia Civil realizó este jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC, en este último caso por los proyectos de la agencia pública ICM.

Se da la circunstancia de que la ICM es una de las empresas públicas implicadas en el caso Púnica por su mediación en los trabajos encargados al presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de reputación online en beneficio de otros dirigentes del PP de Madrid.

La operación Lezo se inició el miércoles a primera hora con la detención de Ignacio González y de su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero.

La investigación judicial señala a los dos últimos por su posición destacada dentro de un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización criminal. Ambos han sido enviados este viernes a prisión, eludibles bajo el pago de sendas fianzas de 4 millones y 100.000 euros, respectivamente.

Concretamente, Pablo González y José Juan Caballero están acusados de ser los promotores de la construcción del campo de golf en Chamberí, en el centro de Madrid, tras una polémica venta de suelo hasta entonces propiedad del Canal de Isabel II. En esta operación también habría participado el expresidente madrileño, según los indicios que obran en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Según la investigación judicial, Pablo González y José Juan Caballero crearon empresas ad hoc primero para la construcción y, posteriormente, para la explotación y mantenimiento, de un campo de golf en Chamberí sujeto a una fuerte controversia, ya que contó con el rechazo de algunas plataformas vecinales y de partidos de la oposición que cuestionaban el procedimiento y utilidad de este tipo de instalación.

Además, Velasco relaciona a González con la compra en 2013 por Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, del 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. La operación supuso, según el juez, el desvío de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) del patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales" mediante un mecanismo de "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones".

El instructor del caso Lezo atribuye además al expresidente madrileño del PP responsabilidad en facturaciones ficticias y manejo habitual de dinero en efectivo, según las mismas fuentes.

González ha negado, durante cerca de tres horas de interrogatorio, todos los hechos que le imputan y ha afirmado que siempre ha actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación.