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La Junta comprará pisos libres para evitar desahucios y ofrecerá un alquiler social a las familias

Stop Desahucios
El movimiento Stop Desahucios lucha contra la exclusión. (ARCHIVO)

La lucha de la Junta contra los desahucios se amplía ahora a la vivienda libre. Y lo hace mediante la aprobación este martes del proyecto de Ley de Tanteo y Retracto, que le otorgará a la Administración autonómica el derecho de compra preferente de los inmuebles de renta libre afectados por las ejecuciones hipotecarias, potestad que tiene ya sobre las VPO.

La ley entrará en vigor en 6-8 meses, según la JuntaUna vez adquiridos, los pisos pasarán a formar parte del parque de viviendas públicas del Gobierno andaluz, que ofrecerá a los antiguos propietarios víctimas del desalojo un alquiler social para que puedan continuar residiendo en su vivienda, que podrán recuperar en el futuro si su situación económica se lo permite, tal y como ha asegurado el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López.

Esta medida va dirigida a una serie de colectivos específicos: menores de 35 años, mayores de 65, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y de la violencia de género, familias monoparentales, inmigrantes retornados, desempleados en riesgo de exclusión y familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Y se aplicará solo a inmuebles cuya tipología deberá responder a la exigida a las viviendas protegidas.

La Junta podrá intervenir cuando se haya producido una dación en pago, en cuyo caso abonará la parte de crédito que quede para extinguir el préstamo hipotecario; o bien al final del proceso, cuando ya se ha comunicado el desalojo a los propietarios y concluida la subasta judicial. En ambos casos, el Ejecutivo abonará los costes asociados a la operación.

Los propietarios podrán quedarse pagando un alquiler socialInicialmente, el Gobierno andaluz prevé invertir una media de 4 millones de euros al año, cantidad ya consignada para este 2017, por lo que calcula que en cuatro años podrá adquirir unas 200 viviendas, a una media de 80.000 euros cada una.  

El proceso de elaboración de esta normativa ha sido "lento y complejo", según ha explicado López, ya que la Junta ha querido tener la "certeza" de que el Gobierno central no encontrará ningún resquicio que le permita presentar un recurso, como hiciera contra la Ley de Función Social de la Vivienda.

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