Montoro firma con los sindicatos el acuerdo de empleo público para reducir la interinidad al 8%

Montoro firma con los sindicatos el acuerdo de empleo público para reducir la interinidad al 8%

  • El acuerdo supone que en estos tres años se sacarán a concurso el 90% de las plazas interinas, alrededor de 250.000 puestos de trabajo.
  • Este trámite busca mejorar la calidad del empleo público y reducir la interinidad.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha firmado este miércoles con los sindicatos el acuerdo de empleo público para reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8%, lo que implicará la convocatoria de una oferta de empleo público (OEP) para 2017 que será aproximadamente de entre 260.000 y 290.000 plazas, según cálculos sindicales.

Montoro ha suscrito en la sede del Ministerio el acuerdo para la mejora del empleo público con representantes de las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, como paso previo a la reunión oficial de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de esta tarde, a las 16.30 horas, a la que asistirán sindicatos, comunidades autónomas y la FEMP, y en la que se fijarán las cifras definitivas de la OEP y el salario público para 2017, que previsiblemente será del 1%.

El ministro ha celebrado la firma del primer acuerdo de esta legislatura entre los sindicatos y Función Pública, y ha destacado que el objetivo del mismo es mejorar la calidad del empleo público y reducir la interinidad a lo largo de los tres próximos ejercicios.

El acuerdo supone que en estos tres años se sacarán a concurso el 90% de las plazas interinas, alrededor de 250.000 puestos de trabajo, principalmente en Sanidad, Educación y Justicia, según CSIF, mientras que CC.OO. estima entre 270.000 y 300.000 el número de personas que podrían acceder a un puesto de trabajo fijo en las administraciones en este periodo. La media estimada por el conjunto de sindicatos oscilaría entre los 260.000 y los 290.000.

Montoro ha destacado que desde el gobierno hacen una apuesta por la "dignificación" de la Función Pública y de los servicios públicos, que "tienen que ser una prioridad esta legislatura", ya que sin la mejora de este aspecto no habrá una recuperación "completa".

Para ello, ha marcado la necesidad de contar con una Administración "moderna, bien preparada y con profesionales como los que afortunadamente cuenta con diferentes ámbitos muy comprometidos".

Ha subrayado, además, que lo importante "no es el acuerdo", sino "materializarlo", y ha afirmado que el Gobierno procederá a ello en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y el Ejecutivo remitirá al Congreso el próximo martes. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno aprobará un real decreto ley para facilitar la oferta de empleo público en los ámbitos más urgentes, como el de la Educación.

Así, ha agradecido la "disposición" de los sindicatos para el acuerdo, lo que constituye un "gran referente" y un "gran ejemplo" para la sociedad española, y ha mostrado la "mejor disposición" del Gobierno para que haya continuidad en la negociación en diferentes ámbitos.

Los sindicatos ven "un antes y un después"

Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado que hay "un antes y un después" en el ámbito del empleo público tras la rúbrica del acuerdo, si bien ha mostrado su disconformidad con la subida salarial del 1% que podría fijarse, y ha anunciado que desde este jueves iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

A su vez, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha valorado que el acuerdo va a permitir poner fin a la tasa de temporalidad y constituye un "primer paso" en las negociaciones, si bien ha insistido en que la "prioridad" sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo, aunque la postura está "muy alejada" de las pretensiones del Gobierno.

De su lado, el secretario general de FSC-CCOO, Javier Jiménez, ha celebrado la firma del acuerdo porque supondrá la "estabilización de centenares de miles de empleos públicos", y conlleva la devolución a cada administración pública de su responsabilidad respecto a tener que negociar en el ámbito que le corresponda. Jiménez ha valorado también que el acuerdo incorpora a sectores prioritarios más allá de los recogidos en el proyecto de PGE y supone "cerrar una etapa muy triste, muy negra, de cómo la reducción de empleo como consecuencia de la crisis ha llevado a la privatización de servicios".

"El acuerdo ha sido posible por la voluntad del Gobierno que ha escuchado a organizaciones sindicales, ha tenido disposición y ha permitido que hoy tras muchos años podamos firmar acuerdo con nuestro empleador", ha agregado.

Nuevos sectores prioritarios

Según fuentes sindicales, el acuerdo conllevará una tasa de reposición del 100% en Sanidad, Justicia y Educación. En detalle, la cifra de empleados públicos interinos que podrían pasar a ser fijos sería de 19.700 en Sanidad, 98.807 en Educación y 8.564 en Justicia, con ese objetivo incorporar en la OEP hasta el 90% de las plazas interinas.

Como nuevos sectores prioritarios se incluirán los servicios de atención más próximos a la ciudadanía, en el caso de la Administración General del Estado, que incluye a colectivos como los de tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, Tráfico, Fogasa y Seguridad Social, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

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