El juez decreta libertad provisinal sin fianza para el agresor de la menor ecuatoriana

El juez de instrucción número 2 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha decretado esta noche libertad provisional sin fianza para Sergi Xavier M.M., el presunto autor de la agresión racista a una chica ecuatoriana, según han informado fuentes judiciales.

No obstante, el juez Eduardo Gómez López ha impuesto al joven como medidas cautelares la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, así como en las dependencias de la Policía Local de Santa Coloma de Cervelló dos veces al día, entre las 10.00 y las 11.00 horas y entre las 18.00 y las 19.00 horas.

Asimismo, según indica la resolución judicial el juez ha prohibido al joven acercarse a la víctima a una distancia no inferior a 1.000 metros y mantener cualquier tipo de comunicación telefónica o electrónica con la víctima.

También prohíbe a Sergi Xavier M.M. acudir a otras localidades que no sean Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló o la Colonia Güell sin autorización previa del juez, así como utilizar los trenes de la línea S-8 de los Ferrocarrils de la Generalitat en cualquiera de sus direcciones.

En caso del incumplimiento de la orden de alejamiento de la víctima, del desplazamiento fuera de las localidades indicadas y del uso de la citada línea de tren, el juez advierte que podría adoptar medidas más restrictivas de la libertad del joven como su ingreso en prisión.

Ni riesgo de fuga ni de reiteración 

El juez instructor considera que no concurren en este caso los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para decretar su ingreso en prisión como el riesgo de fuga o el riesgo de reiteración de ataques a la víctima.

"El hecho perpetrado, deleznable y repugnante tanto desde el punto de vista social como legal, ha consistido en un hecho puntual; es decir, no media una serie de agresiones continuadas en el tiempo", afirma el juez en la resolución.

El juez ha adoptado esa decisión tras tomar declaración a la víctima, que ha confirmado la agresión y las frases vejatorias que recibió por su condición de inmigrante, así como al agresor y al joven que presenció impasible el ataque.

Posteriormente, la Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión preventiva del presunto agresor, solicitud a la que se ha adherido la acusación particular, mientras que su abogado ha defendido que permanezca en libertad con cargos.
 

Una historia polémica

Los hechos sucedieron el 7 de octubre, cuando Sergi Xavier M.M. agredió en un tren de los Ferrocarrils de la Generalitat a la menor ecuatoriana, de 16 años de edad. Le propinó patadas, puñetazos y le profirió varios insultos.

La difusión del vídeo levantó una enorme polémica respecto a estos hechos. El agresor se justificó ante los medios de comunicación señalando que iba muy borracho y que no recordaba nada de lo sucedido.

Mientras tanto, los organismos judiciales se veían envueltos en el debate mediático sobre la situación de libertad de que gozaba Sergi Xavier. La Fiscalía y el juez se enzarzaban en otra discusión culpándose mutuamente de la libertad del agresor. Incluso el ministro del área, intervino para pedir explicaciones al ministerio público, mientras que el Consejo General del Poder Judicial hacía lo propio con el juez.

Mientras tanto, los protagonistas mostraban las dos caras de esta historia. Mientras el agresor se mostraba farruco y se dejaba ver por los medios de comunicación, la víctima hablaba con Radio Caracol y relataba cómo habían sucedido los hechos, insistiendo en el componente racista del ataque, como también hacía su madre.

Ante todo ello también llegaron las reacciones de las autoridades públicas.

Desde Ecuador y las organizaciones sociales, las reacciones de protesta por los hechos y por la gestión judicial fueron rotundas.

Cuando el juzgado intervino y convocó la cita de este jueves, las declaraciones del presidente del Gobierno, de la presidenta de Madrid, y del Consulado de Ecuador en Barcelona ya habían hecho crecer aún más la polémica sobre este asunto.

Aún antes de que llegase el final fijado por la resolución del juzgado, todavía hubo tiempo para conocer que el 'malo de la película' padecía un "trastorno psicológico grave", como afirmó uno de los psicólogos del equipo que le trató durante 10 años, hasta que en 2001 abandonó el tratamiento.

También han llegado en el último momento las peticiones de cordura ante un caso que ha sobrepasado la repercusión que le correspondía: por un lado, la de los expertos valencianos que han desaconsejado la difusión del vídeo para no dar alas al agresor, y por otro, el Colegio de Periodistas de Cataluña que considera que el revuelo mediático y el tratamiento que se ha dado a este tema "no se atienen a los códigos éticos de la profesión periodística".