Ciudadanos ha logrado del PP, en las negociaciones que llevan a cabo para la investidura, el compromiso de recuperar el dinero que, según el partido de Albert Rivera, se "perdonó" durante la denominada "amnistía fiscal" y que cifró en 2.800 millones de euros.

Es uno de los varios acuerdos que han alcanzado las dos formaciones en las últimas horas, dentro de las negociaciones para que la formación naranja apoye la investidura de Mariano Rajoy. Otros acuerdos versan sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, elección directa de alcaldes e igualdad de los permisos de maternidad y paternidad, la creación de un complemento salarial para las personas con ingresos más bajos, y reducir la tipología de los contratos a tres, según informaron a Europa Press fuentes de la negociación.

Sobre las diputaciones, cuya supresión era una de las demandas de Ciudadanos, solo se ha llegado al acuerdo de reducir sus gastos.

Las fuentes de la negociación consultadas han explicado que los negociadores del PP han aceptado la exigencia de Ciudadanos de recuperar los siete puntos impositivos de diferencia que se dejaron de ingresar en la amnistía fiscal que se aprobó en marzo de 2012 con el objetivo de que los contribuyentes que tenían bienes o fondos no declarados los afloraron. En aquel momento se estableció un tipo del 10 por ciento aplicable al valor de los citados bienes.

Sin embargo, una decisión posterior de la Dirección General de Tributos permitió que ese 10 por ciento se aplicase sólo a la parte generada en los ejercicios que no habían prescrito, los cuatro anteriores, manteniendo la exención de intereses y recargos y además dejando claro que no haría "comprobaciones" aisladas de lo que se había declarado.

Además, en los casos en los que se pudiera acreditar que el dinero que se había aflorado había permanecido oculto desde antes de 2008 , la multa se limitaría al 10 por ciento de los intereses que ese capital hubiera generado entre los años 2008 y 2010.

Esto propició que en 2012 se ingresaran 1.191 millones de euros en lugar de la cantidad presupuestada que se elevaba a 2.500 millones en ese ejercicio y eso que se afloraron bienes por más de 40.000 millones en lugar de los 25.000 millones que preveía Hacienda en 2012. Eso supuso que los contribuyentes pagaran una media del 3 por ciento en lugar del 10 que inicialmente había anunciado el Gobierno.

Ciudadanos ha calculado que se dejaron de ingresar unos 2.800 millones de euros y ha incluido en sus programas electorales la recuperación de esos 7 puntos. Por ello, esta es una de las medidas que ha puesto encima de la mesa y que, según fuentes de la negociación, ha sido aceptada por los negociadores del PP.

El partido naranja también se ha volcado en defender el paquete social con el que ellos concurrieron a las elecciones y por ello han reclamado que se recupere el gasto que había antes de la crisis en sanidad, educación y dependencia. Hay acuerdo en los principios, aunque aún se está redactando la fórmula final y limando algunas cuestiones.

En el caso del complemento salarial, la fórmula que han acordado y que se está redactando aún es la de crear un impuesto negativo, que podría suponer un cheque al realizar la declaración de la renta y si el contribuyente cumple con los requisitos que se establezcan, pero no está cerrada por completo la formulación de la medida. Este cheque no tendría por qué ser anual, podría ser mensual o trimestral, según precisan las fuentes consultadas.

En el caso de los permisos de maternidad y paternidad, la idea es igualarlos y en eso ambas fuerzas políticas están de acuerdo, aunque aún no está cerrado por completo la manera en la que se hará, ya que, según las fuentes consultadas, eso supone un coste y es necesario medir en cuánto tiempo podría llevarse a cabo.

Los negociadores de Rivera pusieron desde el primer día sobre la mesa el contrato único con indemnización creciente en función del tiempo trabajado, que llevaban en su programa electoral, sin embargo, el Partido Popular rechazó esta fórmula por entender que hay sectores de la economía española en los que no encaja como por ejemplo el del turismo, donde buena parte de los contrato se hacen temporales.

Por ello, el PP contraofertó planteando reducir a tres los tipos de contrato.

Quedarían de esta manera, un contrato por tiempo determinado o temporal, otro sería indefinido y un tercero sería el contrato de formación.