Las familias que se han visto obligadas a okupar por necesidad viviendas públicas de la Comunidad de Madrid en los últimos años ya pueden regularizar su situación. Es decir: el Ejecutivo regional está dispuesto a realizar contratos de alquiler a aquellas personas necesitadas que viven de forma ilegal sin pagar una renta mensual en los pisos pertenecientes a la Agencia Social de la Vivienda, el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).

"Se trata, en gran medida, de familias que han sufrido desahucios hipotecarios y tienen a su cargo menores y que son inquilinos sin tener un contrato. En la ley de acompañamiento de los presupuestos incorporamos la apertura de un proceso de regularización que permitía dotar de un contrato a aquellos inquilinos que no disponen de uno, pero que sí cumplen los requisitos", explican desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.

En la actualidad, la Comunidad tiene un parque de viviendas sociales en la región que ronda las 23.500. De ellas, unas 1.000 están okupadas de forma irregular, lo que supone menos del 5%. No hay detalle, sin embargo, sobre el número de estos pisos que corresponde a okupaciones por necesidad y a okupaciones mafiosas. En estos momentos, hay alrededor de 70 expedientes en trámite para regularizar.

Eso sí, las familias que quieran 'legalizar' su situación , además de estar al corriente de sus recibos (luz, agua, gas...) y cumplir con las exigencias habituales de renta, tienen que satisfacer otra serie de requisitos que impone la administración regional. Por ejemplo, deben haber estado okupando la vivienda antes del 1 de enero de 2015 y durante al menos un año de forma ininterrumpida o no haber sido condenado por delito de usurpación ni estar inmerso en ninguna causa penal por este motivo.

Tampoco puede figurar como responsable de episodios de conflictividad (peleas, alteraciones del orden...) en informes de la Agencia Social de la Vivienda o de cualquier otro órgano administrativo ni el solicitante ni cualquier otro miembro de su unidad familiar. La denegación previa de la regularización a algún miembro de la unidad familiar es igualmente motivo de rechazo. Las personas condenadas como consecuencia de conflictos vecinales están vetadas igualmente en este proceso: "Estamos hablando de personas que están integradas que no tienen nada que ver con el que amenaza o atemoriza a los demás vecinos", han recalcado desde el Ejecutivo regional.

Un vez dotadas de un contrato de alquiler, las familias pasarán a pagar un renta mensual. El precio varía en función de varios factores, como la renta y el tamaño de la vivienda. En el caso de una unidad familiar compuesta por dos adultos y tres menores, que necesitan al menos tres dormitorios, el alquiler rondaría los 300 euros, aunque en función de sus ingresos podría llegar a disfrutar de hasta un 95% de descuento sobre el precio inicial. Alrededor de 7.500 familias en la región son beneficiarias de la reducción en el abono de sus rentas, al encontrarse en situación de grave dificultad, lo que supone un total de 11,7 millones de euros en la facturación de rentas de arrendamiento de la Agencia de la Vivienda Social.

Otro asunto distinto para la Comunidad es el de las okupaciones mafiosas, que causan graves molestias a los vecinos y generan problemas de delincuencia. "Gracias a la información que manejamos procedentes de nuestros trabajadores sociales y otras fuentes podemos iniciar el procedimiento de desahucio contra las personas que se lo merecen", afirman desde el Ejecutivo regional, que la semana pasada acordó en una reunión con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, estrechar la colaboración en la lucha contra la okupación ilegal de viviendas.

El Gobierno de hecho ya ha dado los primeros pasos para combatir esta lacra en la región con la creación de la figura de un coordinador policial especializado en la materia, la puesta en funcionamiento de un número de teléfono (900 100 301) y un correo (madrid.ocupacion@policia.es) para denunciar las usurpaciones o mediante el impulso de los juicios rápidos para estos delitos. Tan solo en una quincena de abril, se atendieron un total de 786 denuncias ciudadanas sobre okupaciones. Las comisarías que más denuncias recibieron fueron las de Usera-Villaverde (106), Ciudad Lineal (109) y Villa de Vallecas (97).

Según un informe de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), solo en Madrid capital, hay más de mil pisos okupados por organizaciones mafiosas que cobran un alquiler de hasta 300 euros al mes a sus inquilinos. Centro (50), Carabanchel (100), Puente de Vallecas (100), Tetuán (40), Usera (50), Villa de Vallecas  (160) y Villaverde (400) son los distritos que más sufren estas incidencias.

Por otra parte, Ahora Madrid, partido que gobierna en el Ayuntamiento de la capital, intentó el pasado 19 de abril en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo modificar el reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para incluir la posibilidad de que quien hubiera okupado ilegamente una vivienda pública, municipal o regional en los últimos diez años sí pueda optar a una vivienda en régimen de alquiler de la EMVS. La modificación en el reglamento que quiere aprobar el equipo de Manuela Carmena pondría como límite que el solicitante no esté okupando ilegalmente una vivienda en el momento en el que presente la solicitud.

En la votación, el reglamento no salió adelante por la abstención del PSOE. Ahora Madrid votó a favor del reglamento, el PP en contra y Ciudadanos y PSOE se abstuvieron. El reglamento pasará ahora por el Pleno, ya que la votación en la comisión no es vinculante. Ahora Madrid intentará negociar con el PSOE su apoyo, argumentando que con la modificación se trata de aumentar las posibilidades de acceso a una vivienda pública a quienes más lo necesitan.

El PSOE, por su parte, defiende la "igualdad de condiciones"; es decir: los okupas "tienen que salir del registro y meterse por el cauce habitual, como cualquier persona, dado que hay 6.000 personas en lista de espera para un piso de vivienda pública".