El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP) y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, han quedado en libertad tras haber sido detenidos por la Policía durante la mañana de este miércoles en una operación contra la corrupción urbanística.

A José Torres Hurtado se le mantiene en calidad de investigado —nueva denominación para imputado— a la espera de que el juez decida si le llama a declarar. Por su parte, Nieto ha sido interrogada y su imputación es "genérica" y está relacionada con diferentes expedientes urbanísticos, tal y como ha explicado su abogado, Ernesto Osuna.

Fuentes de la investigación han explicado que, tras ser detenido y asistir al registro tanto de su domicilio como del Ayuntamiento, Torres Hurtado ha sido trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental. Pocas horas después, el regidor ha abandonado las dependencias policiales en calidad de investigado. Será ahora el juez que dirige las diligencias abiertas el que decida si le llama a declarar en los próximos días

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada investiga diez delitos por la supuesta trama de corrupción: cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio. La investigación afecta a 17 personas, de las que 16 han sido detenidas.

El juzgado ha ordenado la entrada y registro en distintos domicilios particulares, sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas vinculadas a Granada, tras dos querellas presentadas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada.

Según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las detenciones y registros practicados -más de una veintena- se producen en el marco de una investigación sobre la existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada, concretamente en su área de Urbanismo, en virtud de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente

Las investigaciones de esta operación han sido realizadas por la UDEF central y el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superario de Policía de Granada. La forma de operar de la trama era "sencilla y basada en la recalificación", según los expertos de la UDEF. El Ayuntamiento avisaba a empresas afines de los planes urbanísticos futuros para que estas, a precios muy baratos, pudieran hacerse con terrenos que, tras ser recalificados, multiplicaban su precio.

El juzgado que instruye la supuesta trama de corrupción urbanística investiga posible cohecho, fraude, asociación ilícita, estafa, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un comunicado, a estos delitos se suman además los de administración desleal y contra la ordenación del territorio.

Fuentes de la investigación han informado de que la causa no se circunscribe de forma exclusiva al conocido como caso Serrallo por supuestas irregularidades urbanísticas en una parcela situada junto al centro comercial Serrallo Plaza, destinada a zona verde y donde se autorizó un espacio de ocio.

Algunos de los funcionarios detenidos han asegurado por su parte que no tenían conocimiento de "ninguna actuación irregular" y que todo estaba "perfectamente en regla", según el abogado Ernesto Osuna, que representa a varios de los investigados y a la propia concejal de Urbanismo, Isabel Nieto