La UDEF investiga a Manos Limpias y Ausbanc por presunto chantaje a empresas y bancos

  • La investigación la lleva el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y está en fase de desarrollo.
  • La Policía sospecha que ambos colectivos se coordinaban para exigir dinero con la amenaza de presentar querellas si no accedían a sus demandas.
  • Manos Limpias afronta otra querella por supuesto delito de apropiación indebida. De este otro proceso fue expulsado Ausbanc por incurrir en "fraude procesal".
El letrado y presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc), Luis Pineda.
El letrado y presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc), Luis Pineda.
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El letrado y presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc), Luis Pineda.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y al sindicato de funcionarios Manos Limpias por un posible delito de extorsión a bancos y empresas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige las pesquisas, abiertas tras la presentación de varias presuntas víctimas de la trama y que, según han informado fuentes de la investigación, está en fase de desarrollo.

La Policía sospecha que ambos colectivos se coordinaban para exigir dinero a empresas, bancos e instituciones con la amenaza de presentar querellas si no accedían a sus demandas.

La investigación afecta el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quienes podrían haber desviado el dinero obtenido a empresas filiales.

El sindicato Manos Limpias afronta otra querella presentada por la Fiscalía en un juzgado de Madrid contra su secretario general y una abogada del sindicato, Virginia López, por supuesto delito de apropiación indebida de 108.000 euros por la contratación de unos servicios profesionales a una plataforma de afectados de la estafa en la inversión de sellos de Fórum-Afinsa.

Precisamente, Ausbanc fue expulsada de ese procedimiento por la Audiencia Nacional al considerar que incurría en "fraude procesal", pues se personó como acusación popular pero defendió públicamente la legalidad de las dos empresas tras recibir, directa o indirectamente, 1,2 millones de euros de esas compañías intervenidas.

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