La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que pretende garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto esté limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo.

Montoro ha detallado que el primer paso para aplicar todas esas exigencias ha comenzado con una carta que él mismo ha enviado, en aplicación del artículo 25 de esa norma, instando a las comunidades incumplidoras a que hagan un acuerdo de no disponibilidad en su consejo de gobierno que garantice que los nuevos recursos que van a recibir este año no vayan a incrementar el gasto, sino que sirvan para financiar los que ya estaban realizado en 2015.

No se trata de pedir a las autonomías que recorten, ha precisado, sino que no aumenten el gasto público.

Así, respecto a las comunidades incumplidoras que recibieron fondos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2015 y que aprobaron, por lo tanto, un plan de ajuste, habrá una exigencia de que aprueben un acuerdo de no disponibilidad de créditos en su presupuesto, que permita garantizar que con los nuevos recursos que reciben se garantiza el cumplimiento con la regla de gasto.

Habrá también condiciones adicionales para las comunidades adheridas al FLA de 2016, para contribuir a la contención en la evolución del gasto, de manera que tendrán que incorporar la información mensual sobre la ejecución de la regla de gasto, la adhesión a protocolos con la industria del sector sanitario y farmacéutico o el intercambio de información a través del sistema de factura electrónica, para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.

Se activarán asimismo medidas preventivas y correctivas previstas en la ley de Estabilidad relativas al incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores de las administraciones públicas, para garantizar que reciban las cantidades adeudadas en los plazos legales.