El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha decretado este miércoles la puesta libertad provisional de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raul García después de que hayan pasado cinco días en la cárcel de Soto del Real acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales tras representar en presencia de menores una obra carnavalesca que no está catalogada como espectáculo infantil.

Ambos jóvenes abandonaban la cárcel de presos preventivos al filo de las seis de esta misma tarde, una vez que Instituciones Penitenciarias ha recibido el auto del juez en el que se decreta su puesta en libertad y las medidas cautelares de la misma. Alrededor de una veintena de personas ha recibido con aplausos y abrazos a los dos titiriteros a la salida de la cárcel de Soto del Real.

Han abandonado el lugar en un coche sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas que se habían trasladado hasta la zona. La madre de Raúl se ha detenido unos instantes para expresar su agradecimiento por el apoyo recibido.

A partir de ahora, ambos, que han tenido que entregar su pasaporte, deben comparecer a diario en el juzgado más próximo a su casa y no podrán salir de España.

El juez los acusa de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio por la representación de la obra "La bruja y don Cristóbal" dentro de la programación de Carnaval organizada por el Ayuntamiento de Madrid.

El abogado de los titiriteros, Jaime Montero, ha considerado excesivas las medidas cautelares. "Mientras Puyol o Bárcenas tienen que presentarse cada 15 días en el juzgado, Alfonso y Raúl tienen que hacerlo todos los días", ha dicho en declaraciones a La Sexta.

En la obra que los llevó a prisión, pensada como un espectáculo de sátira política, podían presenciarse desde el apuñalamiento de una embarazada hasta el ahorcamiento de un juez pasando por que un personaje intente incriminar a otro en un acto delictivo encalomándole un cartel que reza de forma provocativa 'Gora Alka-ETA'.

Los dos titiriteros quedan ahora en libertad con cargos bajo la imposición de comparecer de diariamente al juzgado o la comisaría más próximos a su domicilio y  hacer entrega de sus pasaportes bajo la prohibición de salir del territorio nacional.

Sobre ellos se mantienen las acusaciones de haber cometido durante la representación de la obra -titulada 'La bruja y Don Cristóbal'- un delito de enaltecimiento del terrorismo, penado con hasta tres años de prisión, y otro delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel.

En su auto, el juez Ismael Moreno afirma que "la libertad de expresión no puede ofrecer una cobertura al llamado discurso del odio" y considera que el contenido de la obra constituye, a priori, "un modo de fomentar, promover o incitar -directa o indirectamente- al odio, hostilidad o violencia contra un determinado grupo de personas".

"Nos encontramos ante un delito de peligro abstracto que se consuma con esa 'provocación al odio", prosigue el juez, que mantiene que cualquer persona que lea la expresión 'Gora Alka-ETA' puede verificar que se está "alabando o justificando bien a los autores de hechos terroristas o los propios hechos".

A ojos del juez, "no se criminaliza el sentimiento del odio que, como tal, en tanto permanezca oculto en el interior del ser humano, queda fuera de la respuesta penal porque los pensamientos no delinquen, sino que lo que se criminaliza son hechos externos que ensalzan tal odio".

Ismael Moreno, el mismo magistrado que ordenó el pasado sábado su ingreso en prisión, ha admitido el recurso de reforma presentado por la defensa de los miembros de la compañía 'Títeres desde Abajo', que ha sido apoyado ahora por la Fiscalía al entender que ha disminuido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva al haberse incautado su material y haberse rescindido sus contratos.

El juez considera que en estos momentos es "escaso" el riesgo de reiteración delictiva y añade que los documentos aportados por los titiriteros demuestran que no intentarán "sustraerse a la acción de la justicia" porque han acreditado su arraigo familiar, que tienen domicilios conocidos y su formación académica y actividades desarrolladas.

Por ello, plantea que "el riesgo de fuga queda muy mermado" y no existe peligro de destrucción de pruebas, de modo que procede modificar la situación de prisión provisional, una medida que -reconoce- es "carácter excepcional".