El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno, consistentes en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer una vez al mes en su Juzgado. Con estas medidas, el exministro de Economía solo podrá desplazarse por países de la Unión Europea, han avanzado fuentes jurídicas al término del interrogatorio de Rato.

El exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI ha declarado ante el magistrado Antonio Serrano-Arnal durante casi tres horas, tras las cuales el instructor ha decidido imponer estas medidas cautelares, las mismas que ya acordó el pasado viernes para su secretaria, Teresa Arellano, y su  gerente de confianza y presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.

Fuentes jurídicas han coincidido en que el exbanquero estaba preparado para esta convocatoria y a responder a todas las preguntas que le han formulado tanto su defensa como la Fiscalía Anticorrupción y el juez.

Rato estaba llamado a declarar de nuevo ante el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal para responder por los varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares que le atribuía.

El también expresidente de Bankia llegó a primera hora de la mañana a los Juzgados de Plaza de Castilla, mucho antes de su cita con el magistrado, prevista para las 11.00 horas, con lo que evitó la nutrida presencia de medios de comunicación que aguardaban su comparecencia. A diferencia del pasado julio, en esta ocasión no ha pedido autorización para entrar por el garaje.

A las puertas del tribunal se congregaron una veintena de preferentistas al grito de "Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo". Los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer "Blesa y Rato a prisión" o "Han saqueado este país".

Rodrigo Rato ya acudió a la cita con este mismo magistrado el pasado julio, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar porque decía desconocer muchas de las acusaciones que han vertido sobre él la Oficina Antifraude (Onif) y la Fiscalía.

Desde entonces, sin embargo, no solo se han conocido las nuevas sospechas de la Onif de que el exministro de Economía pudo lavar dinero en el exterior, sino que el caso ha salpicado a otras ocho personas, entre ellas gente de su máxima confianza como su secretaria personal, Teresa Arellano, y su gerente y presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.

Ambos, imputados por los mismos delitos que Rato, ya acudieron a los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado viernes después de haber sido detenidos por la Guardia Civil, que practicó además registros en sus domicilios para recabar documentación.

El propio Rato también había declarado el jueves en la Comandancia de la Guardia Civil, el mismo día en que se supo que otro de sus supuestos testaferros, el administrador de Albisa Inversiones, Alberto Portuondo, asegurara al juez que pagó 40.000 euros mensuales a la sociedad Kradonara, epicentro del entramado societario del ex director gerente del FMI.

Portuondo, el único que hasta ahora ha ingresado en prisión, explicó que abonó estas cantidades —473.000 euros en 2011 y 360.000 euros en 2012— a Kradonara sin saber que era propiedad de Rato.

Y en esa misma época Portuondo ingresó cerca de dos millones de euros de las empresas Zenith y Publicis, las mismas que ganaron el multimillonario concurso de publicidad de Bankia, y de las que cuatro de sus responsables están también imputados.

Los investigadores piensan que parte de ese dinero, 833.000 euros, acabó llegando a Rato a través de los pagos que Portuondo hacía mensualmente a Kradonara.