El fiscal ante el Tribunal Supremo ha pedido a este tribunal que ordene a la Audiencia Nacional que repita el juicio que acabó en la absolución de los 19 acusados de un delito contra las instituciones del Estado por el asedio al Parlament catalán en 2011, una conducta que el acusador público ha calificado de muy grave.

Mientras que las defensas han solicitado que se confirmen las absoluciones, los abogados del Parlament y de la Generalitat de Cataluña han pedido que, sin necesidad de repetir el juicio, se anule la sentencia y se cambie el veredicto. El Supremo ha celebrado este miércoles la vista pública sobre los recursos que la fiscalía, la Generalitat y el Parlament de Cataluña presentaron contra las citadas absoluciones.

El fiscal ha señalado durante dicha vista que la sentencia es brillante y ha alabado a los magistrados que la firmaron, pero al mismo tiempo les reprocha haber "volcado su ideología" en ella, de modo que han convertido el derecho de manifestación en algo absoluto.

Según él, los hechos enjuiciados no fueron una manifestación, sino una agresión al pueblo catalán y a sus representantes planeada para que no entraran parlamentarios en la sede del pueblo, un hecho muy grave que dio la vuelta al mundo en todos los medios de comunicación y en todos los idiomas.

A la observación de que la sentencia tuvo naturaleza ideológica han respondido las defensas que sólo los diputados de CiU y PP pretendieron que había habido delitos. Han añadido que la dimensión ideológica es algo inseparable de cualquier acto humano, pero que la sentencia es brillante desde el punto de vista técnico, pues la clave del fallo radica en que no se probó que hubiera agresiones a cualquier diputado, por lo que solamente cabía absolver.

Los magistrados que firmaron las absoluciones fueron Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel, mientras que el presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, emitió un voto particular con una posición diferente a la mayoría.

Con las tesis de Marlaska en su voto particular se han mostrado de acuerdo los abogados del Parlament y de la Generalitat, quienes como este magistrado han considerado que, a diferencia de lo que pretende el fiscal, el juicio no debe repetirse, sino que la Audiencia Nacional debe dictar un fallo diferente sin necesidad de una nueva vista.

El fiscal ha pedido otro juicio porque defiende que la Audiencia Nacional debió llevar a la vista a los diputados que fueron víctimas del acoso y no decidir que prestaran testimonio a través de una vídeo conferencia. Para las defensas esa decisión sí hubiera supuesto alterar indebidamente el funcionamiento del Parlament.

Los incidentes se produjeron el 15 de junio de 2011, durante una concentración ante el Parlament contra los recortes sociales convocada por el movimiento 15-M, que derivó en situaciones de asedio a parlamentarios, entre ellos los presidentes de la Cámara, Núria de Gispert, y de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que ser trasladado en helicóptero.

La Audiencia Nacional entendió que no había suficientes pruebas para condenar a los acusados y además consideró que resulta "obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica".