La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Gobernación, Joana Ortega, ha asegurado este jueves que afronta la querella que presentará la Fiscalía contra ella, la consejera Irene Rigau y el presidente catalán, Artur Mas, con tranquilidad y serenidad, aunque ha admitido tener un sentimiento "agridulce" ante la actitud de las instituciones estatales tras el 9-N.

En un desayuno informativo organizado por Alcaldes.eu y El Punt Avui, ha recordado que los fiscales catalanes no han encontrado ninguna base jurídica para sostener esta querella, que obedece a las "instrucciones" que ha dado la Fiscalía General del Estado.

Ante esta situación, tiene un sentimiento "amargo" por la negativa de las instituciones estatales a dialogar, pero al mismo tiempo está orgullosa de ser catalana, que ha logrado hacer un proceso participativo el pasado 9 de noviembre pese a los impedimentos, ha considerado. "Si se considera que dar voz a los catalanes es desobedecer, sí, he desobedecido", ha dicho a Rac1.

Su colega Irene Rigau, consejera de Enseñanza, también afronta con "serenidad y tranquilidad" la querella, que atribuye a la ''presión política''. Por eso, ha hecho un llamamiento a mantener "la máxima calma y serenidad" para no apartarse "ni un milímetro del día a día".

Por su parte, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha considerado que intentar "inhabilitar" al presidente es la "expresión más genuina de la impotencia del Estado", y se ha preguntado si éste es el mensaje que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere enviar a los catalanes.

En declaraciones a RNE, Rull ha preguntado si Rajoy, que prevé acudir a Barcelona el sábado 29 a un acto de su partido, se presentará ante los catalanes con las "credenciales" de querer "inhabilitar" a Mas para "dejarlo fuera del terreno político" cuando, ha dicho, debería ser su "interlocutor" para dar una salida al problema.

"La gran fábrica de independentistas de Cataluña se llama PP y Mariano Rajoy", ha afirmado Rull, admitiendo que, aunque el aumento del soberanista conviene a su formación, también le preocupa que el Gobierno central quiera resolver los asuntos "en los juzgados" cuando se deberían abordar, a su juicio, en la "mesa de la política".