La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo estatuto ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, estará en funcionamiento antes del 10 de diciembre, ya que la ley de Transparencia entrará en vigor ese mismo mes.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que actuará "con plena independencia y autonomía" y ha explicado que el presidente del nuevo organismo será nombrado, por un plazo de cinco años no prorrogable, "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional y previa comparecencia en el Congreso".

El nombramiento deberá ser aprobado por mayoría absoluta por el Congreso, a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El Consejo, ha dicho, tiene un papel "esencial" a la hora de garantizar que se cumple la Ley. El estatuto aprobado regula los fines, la estructura y funciones del Consejo.

Entre los miembros del consejo habrá un diputado, un senador, un miembro de la Agencia Española de Protección de Datos y otro del Defensor del Pueblo.

Por otro lado, la vicepresidenta ha responsabilizado a la oposición, especialmente al PSOE, del retraso en la aprobación de las medidas de lucha contra la corrupción que el Ejecutivo llevó al Congreso y ha abogado por que se debatan este mes de noviembre.

Ha apuntado que las medidas llegaron al Congreso el pasado mes de febrero, que se comenzó a negociar en marzo y que este proceso fue paralizado primero por las elecciones europeas y después por el cambio de secretario general en el PSOE.

Sáenz de Santamaría ha defendido que se trata de iniciativas "ambiciosas" para las que quieren el consenso de todos los grupos parlamentarios y se ha referido en concreto a los dos proyectos de ley -el de control de la financiación de partidos políticos y el relativo al ejercicio de los altos cargos- que ya están en la cámara baja.