El Gobierno impugnará la consulta alternativa del 9 de noviembre argumentando que la Generalitat mantiene la pregunta a los catalanes acerca de si se quiere que Cataluña sea un Estado y se ha implicado a la Administración catalana con instrucciones a los funcionarios o a los Mossos d'Esquadra, aunque no figuren en ninguna orden oficial, según fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo está a la espera del informe urgente del Consejo de Estado para ver cuál es la vía jurídica que se utiliza para recurrir el "proceso de participación ciudadana" al que apela el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La Comisión Permanente, encabezada por el expresidente de las Cortes Landelino Lavilla, aprobará este jueves ese dictamen sobre la legalidad de la nueva consulta soberanista tras la suspensión de la original por parte del Tribunal Constitucional.

En este proceso, es obligatorio que el Gobierno cuente con dictamen del Consejo de Estado, dictamen preceptivo pero no vinculante y que puede ser favorable o no al recurso. Si este documento es aprobado el jueves y remitido al Ejecutivo, el Consejo de Ministros podría decidir el recurso en su reunión de este viernes.

Fuentes gubernamentales han informado que esa impugnación del Gobierno pivotará en torno a dos ejes: el mantenimiento de la pregunta y la implicación de la Administración de Cataluña en esa nueva consulta. Así, las citadas fuentes han recordado que se mantiene la doble pregunta acordada el pasado mes de diciembre por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?", y en caso afirmativo, "¿Quiere que este Estado sea independiente: sí o no?".

En segundo lugar, el Gobierno argumentará cómo la Generalitat se está sirviendo de la Administración para su consulta alternativa. El Ejecutivo ha seguido muy atento los pasos que ha dado estas semanas la Generalitat con diversas instrucciones a funcionarios o Mossos d'Esquadra —aunque ninguna de ellas por escrito—, la difusión de vídeos animando a participar el 9-N o, incluso, la creación de un registro de votantes.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya dijo esta semana que la Abogacía General del Estado está estudiando "las instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios", para ver si tienen "fuerza probatoria suficiente" para incorporarlos a un expediente de impugnación. El Gobierno considera que "puede haber un cierto fraude de ley", en el sentido de que "se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo", en palabras del ministro de Justicia.

Según el Ejecutivo, se habla de "proceso participativo" pero en realidad se quiere hacer un referéndum ilegal. El propio Consejo de Estado ya dejó claro en su dictamen que la Generalitat no puede utilizar los artículos de la Ley de Consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para "otro tipo de cosas", según recordó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.