El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que decisiones de la Generalitat de Cataluña para que se celebre una consulta soberanista alternativa a la suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) son un "fraude de ley" que podrían ser impugnadas. Se ha referido así a que los institutos abran para acoger la votación, a que los ayuntamientos cedan espacios municipales y a que haya funcionarios que colaboren como voluntarios.

Ante la hipótesis de una consulta alternativa en la que se busque un resultado equivalente, el Ejecutivo central estudia las actuaciones que lleva a cabo la Generalitat como las instrucciones a centros escolares, a ayuntamientos y a funcionarios ante el 9N para comprobar si se trata de un fraude de ley.  "Si vemos que hay material, presentaremos de nuevo una impugnación contra estas situaciones de hecho", ha anunciado el titular de Justicia, quien ha agregado que la Abogacía del Estado estudia la materialización jurídica de los documentos que se pudieran incorporar al expediente de impugnación que está en marcha.

Además, Catalá ha comentado que la consulta alternativa que se está planteando para celebrar en unas condiciones distintas a la suspendida por el TC se celebraría en su caso sin garantías porque ni hay censo, ni control del recuento y las urnas estarías abiertas varios días, lo cual "es ilegal y gravemente antidemocrático".

Precisamente, la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado un informe sobre la utilización de los centros educativos porque, según dice, existe "inquietud" en el sector educativo. Las asociación considera que los directores de los centros son los responsables de lo que suceda dentro de los colegios así como de la custodia de los archivos con datos personales. Además, recomienda a los padres que soliciten por escrito la información sobre la entrega de llaves de los centros y que no se consienta el acceso a los colegios a los particulares no identificados.

Rafael Catalá ha comentado que "los gobiernos tienen la obligación de resolver problemas de los ciudadanos y no están para buscar confrontaciones y conflictos" y ha recordado la disposición del Ejecutivo español a colaborar con el catalán tal como se puso de manifiesto en el encuentro entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la Generalitat, Artur Mas.

En todo caso, ha recordado que el asunto que plantea la Generalitat corresponde al conjunto de los españoles y no a una parte, tal y como está regulado en la Constitución, y que la Carta Magna prevé mecanismos para su reforma pero ahora éstas son las "reglas del juego" democrático, que "han dado el mayor periodo de bienestar" en España.

El titular de Defensa, Pedro Morenés, en declaraciones en TVE, ha señalado que el Gobierno está tomando las medidas a las que está obligado para salvaguardar la legalidad. Ha recalcado que, "cuando se pierden las bases hipotéticas jurídicas, se acaba llegando a una situación poco ejemplar desde el punto de vista institucional y una cierta vejación hacia la población de Cataluña y muy particularmente a aquellos a los que se quiere manipular".

Sobre la salida a la situación en Cataluña, Morenés ha dicho que hay un enorme camino recorrido juntos y que tiene que haber un futuro para los españoles y para los catalanes dentro de España. "Los máximos niveles de bienestar" se han alcanzado siempre cuando ha habido unión entre Cataluña y España, ha destacado el ministro, quien ha recordado que hay pocos pueblos que lleven unidos 500 años. "Es la evidencia empírica de que juntos estamos mejor que separados", ha apostillado.

En cambio, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha abogado por "mejorar el encaje" de Cataluña en España y por "emplear todos los medios" para conseguir que los catalanes "estén satisfechos", aunque ha dudado que sea necesaria para ello una reforma constitucional.

"Yo soy partidario de lograr que los catalanes estén satisfechos en España y en Europa; hay que mejorar ese encaje y no sé si será necesaria una reforma constitucional, pero lo que se busca es muy importante y habrá que emplear todos los medios, aunque creo que la reforma constitucional lleva otro camino", ha afirmado en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

Posada, que no ha querido aventurarse a decir cuál será la situación el 10 de noviembre, ni "quién debe hacer los movimientos" —eso "dependerá de cómo haya ido todo" el 9 de noviembre—, ha hecho hincapié en que ese día debe comenzar el "diálogo con los representantes de los catalanes" para hacer las "reformas que sean precisas".

A su juicio, el 9 de noviembre es el día es la "culminación de un camino que entre todos hemos hecho que sea equivocado", ha admitido, y ha añadido: "A ver si ahora cogemos un buen camino. Tenemos que buscar la fórmula de que (los catalanes) no se sientan disminuidos en sus derechos ni maltratados". Posada ha argumentado que en ese nuevo camino "en vez de estar de espaldas hay que estar mucho más cerca".

Convencido de que "de forma ordinaria" el Gobierno español ha "actuado bien" con Cataluña, y de que "no ha habido maltrato", ha incidido en que hay "muchísimos" catalanes —no la mayoría, ha precisado— que sí se sienten maltratados y que hay que "enfrentarse a esa situación, primero escuchándoles, a ver si tienen razón en algo". "Quiero más diálogo, más palabras entre unos y otros, no me gusta lo de cada uno por un lado en un choque que no conduce a nada", se ha quejado el presidente del Congreso.

Sobre la reforma constitucional, ha señalado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha dicho en ningún momento que no quiere oír hablar de ella", sino que ha pedido saber "qué se quiere reformar, para qué y quién apoya esa reforma".