El gobierno español ha iniciado este lunes el mecanismo de la impugnación del nuevo 9N que prevee aprobar el próximo Consejo de Ministros.

Mariano Rajoy ha pedido al Consejo de Estado el informe preventivo previo a la impugnación ante el Tribunal Constitucional del conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha la Generalitat de Catalunya para la celebración del "proceso de participación ciudadana".

Rajoy ha pedido que el dictamen sea enviado "con carácter de urgencia" para que se pueda autorizar, en  su caso, el acuerdo de impugnación al Consejo de Ministros de este mismo viernes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que se inician así los trámites de impugnación de todo el proceso del 9N, "de toda la organización que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña para esa consulta alternativa" denominada "proceso de participación ciudadana".

Presidencia del Gobierno ha confirmado posteriormente en un comunicado que el presidente del Gobierno ha solicitado al Consejo de Estado que el dictamen -que es preceptivo aunque no vinculante-, sea emitido "con carácter de urgencia" para que "se pueda autorizar, en su caso, en el próximo Consejo de Ministros".

Sáenz de Santamaría ha recalcado que la consulta alternativa que promueve el Gobierno de Artur Mas en Cataluña "es contraria a la Constitución y además perjudica los derechos de los catalanes" porque "no tiene una sola garantía democrática".

Ha hecho hincapié en la obligación de Gobierno "es que se cumpla la ley" y "proteger los derechos" de los catalanes ante el proceso que está llevando a cabo Artur Mas.

La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones antes de participar en la inauguración de la exposición sobre la figura del chef internacional Ferran Adriá, en el auditorio del Espacio Fundación Telefónica.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió el pasado 29 de septiembre, de forma cautelar y por unanimidad, la consulta soberanista catalana al admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra el decreto de la convocatoria del 9 de noviembre que había firmado Artur Mas.

El presidente catalán anunció después que seguiría adelante con lo que denomina "proceso de participación ciudadana", que ahora impugnará también el Gobierno.