La formación política Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que cite a declarar como imputado por un delito de falso testimonio al presidente de Lazard en España, Jaime Castellanos, por presuntamente mentir sobre las retribuciones que percibió Rodrigo Rato mientras éste trabajó en la banca de inversión.

El expresidente de Caja Madrid y BFA-Bankia, Rodrigo Rato, a raíz del escándalo de las tarjetas B, declaró el pasado día 16 que había efectivamente recibido una transferencia de algo más de 6 millones de euros por parte de su antiguo empleador entre 2007 y 2010, el banco Lazard, que a su vez asesoró a Bankia en 2011, el mismo año en el que el grupo debutaba en bolsa. El expresidente del FMI alegó en su explicación ante juez y fiscal que se trataba de una operación declarada a Hacienda y que se trataba de unos derechos sobre unas acciones que ya se habían remunerado en el ejercicio 2008, si bien no se hicieron efectivas hasta 2011.

Negó nuevos pagos tras la marcha de Rato. Más allá de las explicaciones de Rato, lo cierto es que su anterior socio y jefe, Jaime Castellanos, había negado en su declaración como testigo el 19 de febrero de 2014 que aquel hubiera cobrado más de un millón de euros, así como una parte variable. Además, también descartó que tras su marcha hubiera percibido cantidad alguna al margen de su finiquito. El abogado de UPyD, Andrés Herzog, a la vista de las aparentes contradicciones, reclama que se abra una pieza separada y se investigue este caso.

UPyD, por ello, reclama "toda la información relativa a la relación contractual" entre Rato y la entidad, "con indicación de todos los conceptos abonados al mismo, con especial referencia" a esa transferencia y "cualquier otro abono" posterior a la extinción de su relación.

Petición de correos. En este sentido, solicita el resguardo de la cuenta de origen y destino de esa y de cualquier otra realizada con posterioridad a su salida de Lazard, en la que Rato ocupó el puesto de director general senior de banca de inversión entre 2008 y 2010. No solo eso, sino que UPyD quiere que el juez requiera la copia de los correos corporativos que Rato envió desde su cuenta de Lazard en 2009, y también los cruzados con Castellanos desde que ocupó la presidencia de Caja Madrid en 2010 hasta su salida de Bankia en mayo de 2012.

La acusación popular dirigida por Herzog asegura también que nada más llegar Rato a Caja Madrid, enseguida comenzaron las adjudicaciones de contratos de asesoramiento sin "el más mínimo proceso competitivo entre posibles empresas candidatas a realizar dicha labor", explican. Así, ponen como ejemplo un contrato fechado el 6 de febrero de 2012 por un importe de 1,77 millones de euros para la asesoría en política de dividendos. Desde la formación magenta añaden que esta contratación de efectuó además sin comunicar al consejo de administración el posible conflicto de intereses de su presidente (ver imagen del contrato, más abajo).

"Por si lo anterior no fuera suficiente", prosiguen los representantes legales de UPyD en el caso Bankia, "no deja de ser curioso que el primer mandato o encargo profesional entre Lazard y Caja Madrid lleve fecha de 28 de octubre de 2009, justo la víspera de que se diera a conocer públicamente que Rato había sido el elegido por el PP para digir Caja Madrid". Y es que un día después la prensa daba por cerrada la decisión de Rajoy de nombrar al expresidente del FMI para presidir la gran caja madrileña. Pues apenas un día antes la entidad encomendaba a Lazard un contrato en exclusiva para gestionar la desiversión de la caja en Genesa. "¿Casualidad?", se pregunta el abogado de UPyD. Este mandato, sin embargo, no fue firmado por Bankia hasta el 2 de diciembre de 2009, cuando Rato ya había sido nombrado formalmente.

El letrado de UPyD Andrés Herzog recuerda que, durante su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en febrero de 2013, Castellanos "faltó a la verdad" a la que le obligaba su condición de testigo al negar que Rato hubiera percibido remuneración alguna tras su salida de Lazard. "Castellanos reconoció que con su salida de Lazard y el cobro del correspondiente finiquito se liquidó totalmente la relación profesional existente entre ambos, sin que posteriormente quedara pendiente cantidad alguna derivada de su relación contractual", subraya.

Sospecha además de los distintos contratos adjudicados a Lazard en la etapa de Rato "habida cuenta de la relación de amistad" entre ambos "y los diversos bienes y negocios" que compartían, y que inicialmente ocultaron en sus primeras declaraciones ante el juez.

Una mercantil a tres bandas. Tras negar en diciembre de 2012 que tuviera alguna relación comercial con Castellanos, Rato aclaró por escrito después que los dos administraban con Pedro Antonio Pasquín Echanove la mercantil Paracuga y también que eran "copartícipes en una comunidad de bienes, que es titular de un local comercial en Alcorcón (Madrid) arrendado a Mercadona". Según UPyD, estas circunstancias exigían que hubiera comunicado la existencia de un posible conflicto de interés y se hubiera abstenido en la decisión de contratar a Lazard.

Por otra parte, el partido considera que se debe esclarecer el nombramiento de Willis Ibérica como agente para la póliza de seguros de la Oferta Pública de Valores por parte de Bankia, un hecho sobre el que "siguen sin conocerse las condiciones ni las cantidades percibidas", de ahí que pida al juez que solicite a la correduría todos los contratos y servicios prestados.

Su relación con Akbank. Por último, UPyD pretende que el Banco de España informe sobre la relación de Rato con el banco turco Akbank, del que actualmente todavía es asesor internacional, "con indicación de si la misma supuso algún tipo de vulneración" de la ley de cajas "o de las obligaciones estatutarias o contractuales".