Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán en fechas próximas la cuantía del fondo extraordinario creado para luchar contra la pobreza infantil, 16 millones de euros, que destinarán principalmente a sufragar alimentación, ropa, productos de aseo, medicamentos e incluso el alquiler de la vivienda de las familias más necesitadas.

El documento de dicha partida, que este miércoles analizarán las comunidades y el Ministerio de Sanidad, detalla un reparto económico que ha suscitado polémica. El Gobierno andaluz considera equivocada la fórmula de asignación a las regiones que no ha tenido en cuenta el criterio poblacional. Así, denuncia que las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta reciban más dinero que Andalucía cuando tienen 73 veces menos población menor de edad en riesgo de pobreza y exclusión.

Con el reparto planteado por el Ministerio, según la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, cada menor andaluz en riesgo de exclusión recibiría 1,90 euros frente a los 153,02 que se destinarían a los menores de Ceuta o los 55,30 euros para los menores de La Rioja.

Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana también salen perjudicadas en el reparto, con 2,25 euros, 2,65 y 3,43 euros por niño, respectivamente.

La consejera ha insistido en que la situación "es absolutamente desequilibrada" porque "no podemos tener un presupuesto igual para más de 636.000 menores (1,2 millones) y que en Ceuta tienen para 20.000 menores (1,3 millones). Las ciudades de Ceuta y Melilla son las que recibirán más cantidad, con 1,30 y 1,27 millones cada una, seguidas de Canarias (1,23 millones), Andalucía (1,20 millones) y Extremadura (1,16 millones), mientras que el País Vasco y Navarra han quedado fuera del reparto.

El Ministerio de Sanidad ha explicado a 20minutos que la distribución del fondo se ha realizado aplicando el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. Es un indicador que mide las dificultades económicas de las familias. "En el anterior consejo territorial se abordó con los directores generales de Servicios Sociales la fórmula del reparto y no hubo quejas de Andalucía", explicaron fuentes del Ministerio. Sin embargo, la Junta asegura que ya en dicha reunión el portavoz andaluz pidió que se tuviera en cuenta la población a la que iba destinada dichas ayudas.

El documento elaborado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad establece que el crédito se destinará a financiar las prestaciones económicas de urgencia social para la lucha contra la pobreza infantil de familias con menores a su cargo, tal y como prevé el Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016.

Por ello, los proyectos presentados por las comunidades tendrán que cumplir varios requisitos como la obligación de hacer un seguimiento y que los servicios sociales autonómicos certifiquen, en un plazo aproximado cuatro meses, cuál ha sido el destino de los fondos y su resultado. Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, los proyectos deberán ser promovidos, dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, por las comunidades y las ciudades de Ceuta y de Melilla y gestionados por éstas o por las corporaciones locales o entes públicos de carácter local.

El fondo añade a los 16 millones una partida de 1,4 millones que se destinarán, exclusivamente, a la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.