El Congreso ha aprobado este jueves en un pleno extraordinario la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se han incluido dos enmiendas del PP para extender el aforamiento al rey Juan Carlos, la reina Letizia, la reina Sofía y la princesa de asturias.

El texto solo ha contado con los votos del grupo mayoritario, el PP, y de los dos diputados de Foro Asturias y UPN. El principal partido de la oposición, el PSOE, se ha abstenido, al igual que CiU y Coalición Canaria, mientras que se han opuesto a esta reforma la Izquierda Plural, UPyD, el PNV y buena parte del Grupo Mixto -Amaiur, ERC, BNG, Compromís, Nueva Canarias y Geroa Bai-.

Las enmiendas se han introducido en el proyecto de Ley Orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge medidas que afectan al régimen laboral de funcionarios, jueces y fiscales.

Todos los grupos de la oposición han reprochado al Gobierno y al PP que haya recurrido a este procedimiento "de urgencia", que consideran "precipitado", para aforar al Rey Juan Carlos cuando lo adecuado, a su juicio, hubiera sido abrir una reflexión profunda sobre los aforamientos que regula la LOPJ.

En el debate en la Comisión de Justicia el pasado martes, PSOE y CiU se abstuvieron, mientras que los grupos de la Izquierda Plural, UPyD y PNV votaron en contra y Amaiur optó por no participar en la votación.

El PP, por su parte, defiende esta reforma como oportuna y necesaria para resolver cuanto antes la nueva situación provocada tras la abdicación del Rey Juan Carlos I, que obliga a prever el régimen jurídico que debe aplicarse al exjefe del Estado y su consorte en las actuaciones procesales que puedan afectarles.

Tras su aprobación definitiva en el Congreso, la reforma se remitirá al Senado, donde podrá aprobarse el 9 o 10 de julio, y ser entonces publicada en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que será efectivo el aforamiento del Rey Juan Carlos.

Una vez que se apruebe dicho aforamiento todas las denuncias o querellas, penales o civiles, que puedan dirigirse contra don Juan Carlos, la Reina Sofía, la Reina Letizia y la Princesa de Asturias, tendrán que ser tramitadas en el Tribunal Supremo (TS).

Igualmente, los tribunales que ya tuvieran procedimientos contra los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos inmediatamente al TS.

Ante las peticiones de algunos de los grupos de la oposición, que quieren abrir un debate amplio sobre la posibilidad de restringir los aforamientos, el Gobierno ha aclarado que cuando en octubre remita al Congreso la reforma global de la LOPJ, que se encuentra en fase de anteproyecto, se podrá estudiar la situación de los casi diez mil aforados que hay en España.