El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que modificará el que regula el tratamiento de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes y que determina que don Juan Carlos y doña Sofía mantendrán el título de rey y reina, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Este real decreto modificará el vigente desde el 6 de noviembre de 1987 y se aprueba apenas cinco días antes de que el rey sancione la ley que hará efectiva su abdicación. El rey tendrá "título honorífico de rey, con tratamiento de Majestad", así como la reina, ha asegurado la vicepresidenta, que ha indicado que entrará en vigor junto a la ley de abdicación, para que "el día 19 esté todo preparado".

El texto determina también el tratamiento del heredero de la Corona, y, así, doña Leonor, tendrá la Dignidad de Princesa de Asturias así como los demás títulos vinculados tradicionalmente al Sucesor de la Corona y los honores que como tal le correspondan, y recibirá el tratamiento de Alteza Real. Los cambios, según ha explicado Sáenz de Santamaría, se han hecho "siguiendo la tradición y la forma en que se ha hecho en otras monarquías".

Así, en lo que a protocolo se refiere Juan Carlos I y la reina doña Sofía estarán no sólo por detrás de los futuros Felipe VI y la reina Letizia, sino en tercera posición, tras la nueva princesa de Asturias, doña Leonor, aunque tendrán los mismos honores destinados a la pequeña.

Está pendiente que próximamente el Ejecutivo apruebe otro proyecto de ley para el aforamiento del rey una vez que, tras dejar la Corona, pierda la inviolabilidad inherente a la misma.

El Partido Popular baraja aforar a don Juan Carlos a través de una enmienda introducida en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que está ya en marcha en el Congreso de los Diputados y que podría ser aprobada en las próximas semanas, según fuentes gubernamentales. La Cámara Baja tiene encima de la mesa un breve texto que modifica apenas tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la norma que regula los aforamientos ante tribunales especiales y que sería la encargada de regular la protección jurídica del Rey saliente.

Se trata de la Ley orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del sector público, que modifica la Ley del Poder Judicial para incluir aspectos sobre el régimen laboral de jueces, fiscales y funcionarios.

El plazo de enmiendas finalizaba este mismo jueves, aunque se ha prorrogado. Al tratarse de una ley orgánica debe ser aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados, antes de su remisión al Senado, donde si, no es retocada, podría salir adelante de forma inmediata para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los 'populares' ven en esta ley una oportunidad idónea ya que es precisamente la destinada a regular los aforamientos y ya está en fase de tramitación en vía parlamentaria. Por lo tanto, no sería necesario incluir este asunto en una norma que le sea totalmente ajena. Tampoco habría que esperar a la aprobación definitiva de la nueva LOPJ, la cual es todavía un anteproyecto, en el cual el Ejecutivo sí ha introducido el aforamiento de la Reina y de los Príncipes ante el Tribunal Supremo. Esta iniciativa está en fase de informes y su aprobación se demorará meses.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aplazado al próximo lunes su decisión sobre el informe del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que está previsto que reclamen el aforamiento ante el Tribunal Supremo de Don Juan Carlos y Doña Sofía.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha dicho que se puede incluir por vía de urgencia al rey que deja el trono entre los aforados mediante una reforma parcial por la vía de urgencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ha explicado que podría incluirse en la tramitación de este anteproyecto el aforamiento del Rey que deja el trono, pero si se optara por esta opción podría demorarse durante mucho tiempo hasta que se aprobara la nueva ley. No obstante, ha apuntado que cabe la posibilidad de que el Gobierno opte por la vía de urgencia para aprobar una reforma parcial solo para este aspecto de la norma.