El problema del tráfico de órganos se abría hueco este miércoles entre las noticias del día al informar la Policía Nacional de que había logrado impedir el primer intento de una compraventa de este tipo en España. "Es el primer intento conocido, sí", coincide en señalar Alicia Verdú. Esta criminóloga, autora de la investigación Tráfico de órganos: una amenaza silenciosa (2012), califica de "privilegiada" la situación del país en este sentido, ya que las redes que se dedican a ello "no están muy activas", pero agrega que "hay un peligro latente", agudizado por la crisis y el aumento de los niveles de pobreza.

España es líder mundial en donación y trasplantes desde hace 22 años. Tiene una tasa de 35,1 donantes por cada millón de personas, lo que prácticamente duplica la media de la Unión Europea y supera en ocho puntos la estadounidense. Esto reduce el riesgo: "El sistema se nutre de donaciones altruistas, por lo que los españoles no necesitan salir fuera a obtener órganos, salvo que sean rechazados de la lista de espera. En México por ejemplo hay 7.000 pacientes esperando un trasplante y la mayoría muere antes de recibirlo".

Las dificultades económicas por las que atraviesan cada vez más personas llevan sin embargo a que haya que estar más alerta que nunca. Por ello, Verdú aboga por un programa de concienciación, sobre todo para los colectivos más vulnerables, entre los que cita a inmigrantes irregulares, personas con grandes deudas o gente que lleva mucho tiempo en paro y tiene cargas familiares. No se trata solo de que estas personas vayan a vender algún órgano en España, donde resulta "más complicado", sino que pueden ser víctimas de la captación para realizar la venta en otros países.

En la operación impedida por la Policía, la red desarticulada ofrecía hasta 40.000 euros a extranjeros sin papeles y sin recursos para someterse a trasplantes ilegales de hígado, un hígado que iba a ser adquirido por un ciudadano libanés con alto poder adquisitivo. "El sistema sanitario que tenemos es muy bueno y hace de reclamo para gente de otros países", explica esta criminóloga. Y eso pese a los recortes: "A nivel internacional no se aprecian. Seguimos teniendo una sanidad pública, con unos médicos muy buenos y seguimos siendo un foco del turismo de trasplantes".

Alicia Verdú, también directora de Análisis de la consultora Veríntel, afirma que no se trata de alarmar pero sí de concienciar a la población. "Es un tema un poco tabú para los Estados. Para un país es complejo asumir que puede haber tráfico de órganos dentro de sus fronteras", apunta.

Preguntada por los lugares del planeta en los que los trasplantes ilegales son más habituales, Alicia Verdú comenta que lo principal es que cuenten con un aeropuerto internacional y que la corrupción esté instaurada dentro del sistema, siendo fácil alquilar una planta en un hospital privado sin que nadie haga preguntas. China, Sudáfrica, Irán, Pakistán, Rusia o incluso EE UU son los países que menciona. Seleccionada la zona más proclive, vendedores y compradores pueden llegar de diferentes partes del mundo.

En la otra cara de la moneda, junto a España, se encuentran, "los estados europeos más avanzados, como Gran Bretaña o Francia".

Pese a esa eficacia del sistema español, Verdú pide mejoras. "Hay que tener en cuenta cómo ha saltado la alarma de este suceso", advierte. Considera que se debía haber detectado antes, sin haber tenido que esperar a la denuncia que presentó una ONG tras conocer el caso de uno de los rechazados para el trasplante: "En la primera fase, la de captación, no se detectó. En la fase de las pruebas de compatibilidad tampoco, porque se hizo a través de un hospital privado, y se paró la donación porque en el sistema de trasplantes consideraron que no había suficiente vínculo entre donante y receptor, pero ahí tampoco hubo alerta. Cuando se rechaza un trasplante por vínculo insuficiente y, como en este caso son además personas de nacionalidades diferentes, habría que investigar más".

"No hay que esperar a la denuncia porque se trata de una de las modalidades delictivas con uno de los índices de denuncia más bajos", resalta. "Los controles funcionan. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad excelentes. Pero no funciona la capacidad de denuncia dentro de esta modalidad delictiva", insiste.

Las penas de cárcel para el tráfico de órganos oscilan en España entre los entre cinco y ocho años y entre los tres y los cinco para la promoción y publicidad de estas prácticas. España tiene "bien tipificados" estos delitos. "A nivel internacional las sentencias han establecido entre dos y tres años de prisión", recuerda Verdú.

La situación por tanto parece mejor que en otros países pero no se debe olvidar que "es una amenaza que está ahí, de la que la sociedad no habla y alrededor de la que hay muchos mitos, como que no se realizan trasplantes ilegales porque es demasiado complicado hacerlos". "Por lo tanto no se detectan salvo que haya un escándalo importante", advierte la experta. Es por ello que solicita a las Administraciones que sean valientes y que hablen del tema. "El hecho de que tengamos un sistema sanitario y de donación privilegiados no significa que estemos exentos de estos crímenes", concluye.