La comisión que ha de establecer si la Junta de Andalucía retira o no el concierto al colegio San Patricio de Málaga por el trato dado a Gabriela, una menor transexual de siete años, prevé reunirse este lunes con la intención de adoptar una decisión.

El objetivo de la comisión, que está integrada por representantes de la Administración andaluza y del propio colegio, gestionado por la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, que depende del Obispado de Málaga, es determinar los incumplimientos o no del centro educativo.

Ante la postura del San Patricio de no acatar las recomendaciones de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, la familia de la menor transexual optó por el cambio de centro justo antes de iniciar las vacaciones de Semana Blanca. De hecho, el pasado 3 de marzo la menor comenzó una nueva etapa escolar en otro colegio.

Entre las instrucciones ofrecidas por la Junta, se encontraban que Gabriela pudiera llevar la falda del uniforme, usar los baños femeninos o aparecer en la documentación interna del colegio según su identidad de género.

Todo comenzó el pasado mes de septiembre cuando organizaciones de transexuales denunciaron que en tres colegios malagueños no se respetaba la identidad de género de sendos menores, entre ellos Gabriela.

Ante esto, Educación dio a las direcciones de los tres colegios una serie de instrucciones, que fueron acatadas por dos de ellos, existiendo, sin embargo, problemas en el San Patricio.

Incluso, la fiscal andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual, Flor de Torres, inició en septiembre diligencias de investigación para determinar si existía discriminación por identidad sexual en el trato dado a este menor transexual. Aunque, finalmente, este proceso fue archivado.

El propio consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, informó el pasado diciembre de que, ante la actitud del colegio San Patricio, el Gobierno andaluz iba a iniciar el expediente para retirarle el concierto.

Por su parte, tras comunicar el cambio de centro de Gabriela, el abogado de su familia, Oliver Roales, anunció que estaban estudiando iniciar acciones legales contra el colegio de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, apuntando que el hecho de que se archivara la investigación iniciada por la Fiscalía no suponía un freno en el caso de que se decida, finalmente, llevar a cabo dichas acciones.

Frente a esto, desde la Fundación y el Obispado se ha defendido siempre que se ha tratado con "exquisitez" a la menor.

"El colegio y la fundación defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad", llegó a manifestar el obispo de Málaga, Jesús Catalá.