La Ley orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada llegará previsiblemente al Congreso de los Diputados tras la celebración de las elecciones europeas, que tendrán lugar en mayo de este año, y previsiblemente lo hará en torno al mes de julio, según informaron fuentes populares.

Así, el actual anteproyecto de ley se encuentra como tal en periodo de consultas y es por ello por lo que no llegará a la Cámara Baja hasta que no se hayan pronunciado las comunidades autónomas y el total de 30 organismos y organizaciones a los que el Ministerio de Justicia ha remitido la nueva regulación para que estos muestren su opinión, según calculan las mismas fuentes.

Dado que son casi una cincuentena de voces las que deben pronunciarse antes de que el texto sea nuevamente aprobado en el Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley, el periodo de consultas podría extenderse en torno a los seis meses, situando el inicio del verano como la antesala para su tramitación parlamentaria.

Esta normativa ha suscitado una gran oposición entre los grupos del Congreso y por ejemplo en febrero será la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) la que fuerce la primera votación formal en la Cámara Baja para pedir la retirada del anteproyecto de ley. En concreto, en el Pleno de la semana del 11 de febrero.

Para ello, ha registrado una moción, consecuencia de la interpelación que su portavoz de Igualdad, Ascensión de las Heras, planteó este miércoles al ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

Eso sí, en principio, la Izquierda Plural no tiene intención de forzar que la votación de esta moción sea secreta, lo que sí ha anunciado el PSOE para cuando llegue al Pleno del Congreso su proposición no de ley pidiendo la retirada de la reforma auspiciada por Justicia. La Izquierda Plural también ha registrado una proposición no de ley, aún pendiente de ver cuándo se debatirá en el Congreso.

Aunque la primera votación formal que pedirá la retirada de la nueva regulación tendrá lugar en febrero, el Congreso ya ha debatido sobre esta ley.

Fue esta misma semana, durante el primer Pleno del Congreso de 2014, celebrado en periodo extraordinario, donde el aborto fue el tema central de la sesión de control al Gobierno.

Así, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, la ministra de Sanidad y el de Justicia tuvieron que afrontar preguntas de la oposición al respecto. Aunque Mariano Rajoy reconoció "puntos controvertidos" y Alberto Ruiz-Gallardón defendió un "debate en profundidad", en el Grupo Socialista, Izquierda Plural y BNG dicen que no servirá, puesto que exigen la retirada del texto.

Además de solicitar informe a todas las autonomías, el anteproyecto también ha sido enviado a los órganos preceptivos y a otras organizaciones, entre las que se encuentran algunas de las firmantes del Consejo de Participación de la Mujer, como la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Mujeres Juristas Themis o la Federación de Mujeres Progresistas.

De este modo, Justicia apunta que ha solicitado informe al Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Agencia Española de Protección de Datos al Consejo Nacional de Discapacidad y al Comité de Bioética, dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Igualmente, ha solicitado informe al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Organización Médica Colegial.

Además, ha remitido el texto al Consejo General de Colegios de Enfermería, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de mujeres progresistas, la Coordinadora española para el lobby europeo de mujeres (CELEM), la Asociación de mujeres juristas Themis, Mujeres para la salud, Asociación de Mujeres Opañel, Asociación de mujeres concejalas del 79 y la Federación de asociaciones de mujeres rurales (Fademur).

También cuentan con el anteproyecto la Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres, Asociación universitaria contra la violencia machista, Fundación Mujeres, Asociación Unidos por la Vida Asociación hazteoir.org, Plataforma de mujeres ante el Congreso, Plataforma feminista del Ateneo de Madrid, Save the Children,  Plataforma decidir nos hace libres, Asociación de Clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI),Federación Española de Asociaciones Pro Vida, Fundación Red Madre y al Comité Español de Representantes de Minusválidos.

Algunos de estas asociaciones ya formalizaron un escrito pidiendo la retirada de la reforma impulsada por Gallardón.

El Tribunal Constitucional ha aparcado, por el momento, sus deliberaciones sobre los recursos del PP y el Gobierno de Navarra contra diversos preceptos de la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que fueron admitidos a trámite en junio de 2010.

Fuentes del tribunal de garantías han señalado que, aunque esta decisión no ha sido acordada formalmente en ningún órgano del tribunal, se ha impuesto la idea de que deliberar en estos momentos sobre la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podría interpretarse como una "injerencia" del Constitucional en el debate político.