España ha comunicado al Consejo de Europa que no abonará a la excarcelada miembro de ETA Inés del Río Prada los 1.500 euros por honorarios y gastos que fijó la sentencia sobre la Doctrina Parot el pasado 21 de octubre. Además, tampoco le pagará la indemnización de 30.000 euros, cantidad que imputará a la deuda que Del Río tiene contraída con el Estado.

La correspondencia del Gobierno con el Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la ejecución de la citada sentencia afirma que la deuda de Del Río con sus víctimas en concepto de responsabilidad civil asciende a 1.591.454 euros. El escrito de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Estrasburgo asegura que son pagos por responsabilidad civil que la demandante "debe asumir como consecuencia de los delitos por los que fue condenada".

La comunicación también informa de que Del Río fue puesta en libertad, tal como exigía la sentencia, el pasado 22 de octubre, un día después de la publicación del fallo, según la orden nº 61/2013 de la Audiencia Nacional. El Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, ha iniciado esta semana el examen de la ejecución de la sentencia y hará este jueves previsiblemente una valoración de la misma, según la información recibida del Gobierno.

En la documentación del Comité de Ministros también se incluye una carta que la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, les envió el pasado 23 de noviembre. En ella muestra su desacuerdo con la sentencia, que supone "un golpe a la dignidad de las víctimas", y añade que la "urgente e incorrecta" ejecución "no garantiza los derechos de los ciudadanos y establece un precedente peligroso en el área de la libertad, seguridad y justicia de la UE".

También se incluye un escrito de la Abogacía del Estado sobre la carta de Ordóñez, en el que asegura que España desea "una vez más dejar un testimonio de su apoyo, comprensión y de su solidaridad hacia las víctimas de delitos violentos y terroristas".