El fiscal pide 18 años de cárcel para el etarra Gorka Palacios por un atentado en Santander

  • Al exjefe de los comandos de ETA se le acusa de ordenar un atentado en Santander por lo que se le imputa un delito de estragos terroristas.
  • Gorka Palacios Alday "Andoni" ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Nacional a 83 años de prisión por el atentado cometido el 10 de julio de 2001.
El considerado máximo responsable de los comandos de ETA, Gorka Palacios Alday, conocido como "Andoni", durante el juicio contra él que se ha celebrado en la Audiencia Nacional.
El considerado máximo responsable de los comandos de ETA, Gorka Palacios Alday, conocido como "Andoni", durante el juicio contra él que se ha celebrado en la Audiencia Nacional.
Fernando Villar / EFE
El considerado máximo responsable de los comandos de ETA, Gorka Palacios Alday, conocido como "Andoni", durante el juicio contra él que se ha celebrado en la Audiencia Nacional.

El fiscal ha pedido este lunes 18 años de cárcel para el exjefe de los comandos de la banda terrorista ETA Gorka Palacios Alday por ordenar un atentado con coche bomba cometido el 3 de diciembre de 2002 en un aparcamiento de Santander que causó cuantiosos daños materiales.

En el juicio celebrado en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) el acusado se ha negado a declarar mientras que su abogada ha pedido su absolución al estimar que la acusación se basa solo en declaraciones policiales de los dos etarras ya condenados por estos hechos, Jesús María Echeberría Garaicoechea y Ángel Aramburu Sudupe, no ratificadas judicialmente.

Gorka Palacios Alday "Andoni" ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Nacional a 83 años de prisión por el atentado cometido el 10 de julio de 2001 por la banda terrorista en el que murió un policía nacional.

En el juicio celebrado este lunes ha sido acusado del delito de estragos terroristas por ordenar el atentado y facilitar la formación y el material para llevarlo a cabo, por lo que el fiscal ha reclamado dicha pena para él y el pago de indemnizaciones a los afectados por los daños que causaron los entre 30 y 40 kilos explosivos que ocultaba el coche bomba utilizado por los terroristas.

En la vista han testificado los dos etarras ya condenados por estos hechos que se han limitado a declarar que no recordaban si fue el acusado quien los ordenó cometer el atentado ni si les dio en Francia un cursillo de explosivos y el material y el dinero para llevarlo a cabo.

Ángel Aramburu Sudupe ha asegurado además que tras su detención fue ingresado en un hospital a consecuencia de su enfrentamiento armado con la Guardia Civil y que declaró en el centro sanitario donde le amenazaron con gritos y presionándole las heridas.

Dos policías nacionales que elaboraron un informe sobre el acusado han declarado como peritos que entre 2001 y 2002 Gorka Palacios realizaba labores de adiestramiento en el seno de la banda terrorista y que a raíz de la detención en 2002 Ainhoa Múgica y Jon Olarra Guridi asumió la dirección de los comandos de ETA hasta que fue detenido en Francia.

Confesión de etarras

Han añadido que son varios los etarras detenidos en esas fechas que señalaron que el jefe de los comandos era Gorka Palacios.

El fiscal ha comentado en la exposición de su informe que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el Constitucional y el Supremo de España han establecido que el silencio del acusado en el juicio no puede quedar sin repercusión si hay pruebas incriminatorias. Respecto a lo testificado este lunes en el juicio por los etarras ya condenados, el fiscal ha dicho que no es verosímil su "falta de memoria".

Para el fiscal hay que dar validez a las declaraciones policiales de ambos en las que se referían al acusado como el que les dio las instrucciones y el material para el atentado ya que ninguno de ellos las han desmentido este lunes en el juicio.

Sin embargo, la abogada de Gorka Palacios ha alegado que procede su absolución ya que la única prueba de cargo la constituyen las declaraciones policiales de los ya condenados que a su juicio no son válidas.

La letrada ha asegurado que Aramburu declaró en el hospital bajo presiones y Echeberría en régimen de incomunicación, sobre el que ha dicho que instancias internacionales como el TEDH lo consideran una forma de tortura.

En cualquier caso, ha alegado que el Tribunal Supremo y el Constitucional han establecido que no es posible condenar a un acusado con el exclusivo apoyo en declaraciones policiales no ratificadas judicialmente.

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