Los hechos contrastados

• Exceso de aforo: El máximo del Arena es de 12.000 personas. El Ayuntamiento lo rebajó a 10.650 para el evento "por seguridad". La empresa de Flores, Diviertt, comunicó una previsión de asistencia de entre 5.000 y 6.000 usuarios. Ante el juez aseguró haber vendido 9.650 pases de entre 15 y 50 euros. Eso no incluía la lista VIP ni las ventas extraoficiales. Asistentes a la fiesta —incluidos, menores de edad— adquirieron tiques en colegios, institutos y a las puertas del Arena. El recuento elevó la cifra hasta las 16.791 entradas. La Policía calcula que el aforo estuvo entre las 19.000 y las 23.000 personas. El arquitecto de Madridec cree que en la pista había cuatro o cinco veces más individuos de lo permitido. En total, el organizador se embolsó 381.794 euros por las entradas y 74.133 euros por la venta de bebidas.
  
  
• Sin seguridad interna: Seguriber (32 personas, 5 dentro del pabellón) se ocupaba del exterior. Dejó pasar a personas sin tique, no impidió la introducción de alcohol o bengalas, no se cercionó de que las vías de salida permanecían expeditas y no elaboró el plan de evacuación. Además, abrió el portón de emergencias por donde unas 2.500 personas accedieron a la pista central. Esto fue determinante para que se produjese la avalancha. El responsable de las cámaras de vigilancia no sabía cómo funcionaban y no se percató de las cinco aglomeraciones precedentes que se produjeron en los pasillos. Seguriber cobró 10 euros a los usuarios del parking y les permitió hacer botellón. Juan José París Nalda, coordinador de vigilantes, confesó que el número de vigilantes se redujo respecto a ocasiones similares para ahorrar costes.
  
  En el interior, el personal de Kontrol 34 (63 porteros acreditados) reclutado por Flores, no solicitó el DNI a ninguno de los jóvenes ni controló el aforo por planta. Cuando se produjo la avalancha, cerraron los vomitorios que podrían haber servido de escape, convirtiendo la pista central en una "ratonera", según los afectados.
  
  
• Botellón libre: La Policía Municipal no puso una sola multa. El Ayuntamiento envió a 18 agentes cuando, unas horas antes, había destinado a 42 para controlar un evento de un programa de televisión con muchos menos asistentes. Un agente declaró en sede judicial que el dispositivo se improvisó el mismo día 31. El juez investiga si los mandos policiales elevaron en algún momento de 'medio' a 'alto' el nivel de riesgo de la fiesta, como aseguran, y si falsificaron documentos oficiales. Cándida Jiménez, oficial del distrito de Moncloa y responsable del operativo, denunció que los refuerzos que solicitó le fueron denegados. Siete meses después, el Consistorio la envió a dirigir la Unidad de Tráfico. La Policía Nacional no actuó al ser el botellón competencia de los agentes locales. Según el juez, el fallo en la seguridad fue "clamoroso".
  
  El policía municipal que rescató a María Teresa Alonso de la avalancha estaba trabajando como portero en el pabellón. Fue expedientado por compatibilizar su trabajo como funcionario con uno privado.
  
  
• Enfermería de mínimos: El Arena no estaba preparado para acoger macroeventos. La enfermería, con una camilla, no tenía desfibrilador ni ningún otro material médico. La Comunidad de Madrid no revisó la instalación. Ninguna ley establece cuál era el equipamiento mínimo necesario. El médico de la fiesta contratado por Diviertt era Simón Viñals, exconcejal del PP en el Ayuntamiento y de 72 años de edad. Su hijo, funcionario del departamento de Salud del Consistorio, le auxiliaba. Completaba el grupo un ATS amigo de ambos de 81 años. Las ambulancias, simples unidades de transporte sin capacidad para dar soporte vital avanzado, eran de la empresa de otro hijo de Viñals.
  
  Los técnicos del Samur que acudieron a las instalaciones denunciaron que Viñals no intentó reanimar a las tres jóvenes fallecidas durante el mínimo de 30 minutos que establece el protocolo. También le acusan de no tener desfibrilador. La descoordinación existente en el Ayuntamiento hizo que el Samur ni siquiera estuviese avisado de la celebración de la macrofiesta, pese a que el organismo tiene una base en la propia Casa de Campo, a escasos metros del Arena.
  
  
• Descontrol en Madridec: José Antonio Vives, coordinador de Eventos, tildó la situación de "caos". La empresa otorgó a Flores preferencia para usar el Madrid Arena y perdió 18.000 euros por alquilárselo en Halloween. Ninguno de los responsables comprobó que el empresario se jactaba de haber reventado los aforos en fiestas anteriores. Tampoco verificaron las denuncias por la supuesta sustracción y borrado de material de las cámaras de seguridad por parte de empleados de Seguriber. Además, aprobaron los planos que Flores les entregó pese a que la disposición de los escenarios y las barras de bebidas tapaban varias salidas de emergencia.
  
  El subdirector de Seguridad, Rafael Pastor; el coordinador de Seguridad, José Rodríguez Caamaño; y el jefe de Operaciones y Proyectos, Francisco del Amo, siguen en Madridec pese a estar imputados. Otros cinco imputados pertenecientes a Seguriber continúan trabajando para el Ayuntamiento a través de la nueva contrata de vigilantes. Estos afirman que fue Del Amo quien dio la orden de abrir el portón de mercancías. Él asegura que el mandato partió de un empleado de Flores.
  
  
• Pabellón sin licencia: Una inspección policial alertó en 2006 de que carece de permiso de funcionamiento. El Ayuntamiento intentó obtenerlo en 2009, pero le fue denegado debido a las deficiencias de la instalación. En 2010, un informe municipal detalló graves problemas de seguridad. El Ayuntamiento no los arregló porque ello habría supuesto una inversión millonaria para adaptar el pabellón a la normativa más actual, la de 2006. Aunque el Consistorio alega que todo está en regla, ni siquiera existe el acuerdo del pleno municipal que serviría para legalizar la puesta en marcha del edificio. La cámara del pasillo donde se produjeron las muertes dejó de funcionar en 2010, sin que fuese reparada. Y no era la única. La instalación carecía, asimismo, del obligatorio plan de autoprotección.
  
  
• Flores mintió: Aseguró ante el juez que miles de personas se colaron en la fiesta a empujones y saltando las vallas. Las grabaciones de seguridad le sitúan a él mismo dando paso por el portón lateral y pidiendo a los porteros de Kontrol 34 que aligerasen la entrada hacia la pista. También dijo que no sabía dónde se encontraban las cajas en las que se guardaron los tiques. De nuevo, las cámaras le delatan: el propio empresario supervisó el traslado al pabellón satélite, donde la Policía las encontró.

Las claves judiciales

• El dolo: Los abogados de las familias de Cristina Arce, Belén Langdon y Katia Esteban se inclinan por imputar a Flores y al resto de encausados homicidio por dolo eventual, en lugar de por imprudencia. La pena sería de entre 5 y 15 años de cárcel por cada muerte en el primer caso y de un máximo de 4 años por fallecida en el segundo, amén de otras responsabilidades. "Se encargaron 17.500 entradas, se superó el aforo, se incumplieron las medidas de seguridad... Buscaban lucro económico aun sabiendo lo que podía pasar. Eso no es imprudencia. Está muy claro", señala María José Siñeriz, letrada de los padres de Cristina Arce.
  
  
• Los careos: El juez López Palop tiene previsto realizar varios careos entre los imputados. Los más importantes son el de Francisco del Amo, jefe de Operaciones y Proyectos de Madridec, con los miembros de Seguriber y con Miguel Ángel Flores y sus empleados. Las acusaciones esperan determinar así quién tomó la decisión de abrir el portón de acceso a la pista central, quien dio la orden y quién la ejecutó.
  
  
• El peritaje: La Universidad de Murcia y la empresa Select Asterisco están elaborando un estudio técnico sobre la cantidad de personas que entró en el multiusos. Un portavoz de Select aseguró a 20minutos que la cifra de 23.000 asistentes facilitada por la policía está "muy cerca" de la realidad.
  
  
• El patrimonio de Flores: El imputado ha transferido la titularidad de sus principales empresas y ha vaciado sus cuentas. La fianza fue depositada por un socio suyo que aportó las escrituras de dos propiedades, una de las cuales, sin embargo, está hipotecada, por lo que las acusaciones dudan de su validez. Un informe de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (Udef) de la Policía Nacional asegura que el empresario sí dispone de patrimonio y fondos, aunque los oculta para evitar que le sean inmovilizados. La fianza, de hecho, no fue abonada por él. Fue un socio suyo quien depositó en el juzgados las escrituras de dos propiedades.