El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha asegurado este miércoles que "España en ningún caso va a participar en una intervención militar en Siria porque lo prohíbe el artículo 19 de la Ley de Defensa". Margallo ha hecho estas declaraciones en el Congreso durante la primera sesión de control al Gobierno que se celebra tras las vacaciones de verano, una sesión que ha comenzado con más de dos horas de retraso por una gran gotera en el hemiciclo.

El jefe de la diplomacia española ha reiterado que España considera que "un ataque con armas químicas no debe quedar sin respuesta", que debe proceder del Consejo de Seguridad de la ONU y que debe tener como objetivo "garantizar que nadie, nunca, en ningún caso pueda realizar ataques" de ese tipo. Margallo ha señalado que la "ventana de oportunidad" que supone la propuesta rusa de que Siria ponga bajo control internacional su arsenal químico les ha sido consultada "por los rusos, por los franceses, por los ingleses y por los alemanes".

Al Gobierno le han llovido las críticas en los últimos días por haber firmado, junto a otros diez países, un comunicado en el que se afirmaba que "las pruebas apuntan claramente" al régimen sirio como responsable del ataque químico del pasado 21 de agosto en los suburbios de Damasco y se reclamaba una "contundente respuesta internacional". El presidente, Mariano Rajoy, no comentó ante el Congreso o en rueda de prensa estas afirmaciones sobre el apoyo al Gobierno de EE UU contra el régimen de Bachar Al Asad.

Los socialistas han reclamado este miércoles una comparecencia del presidente en el Parlamento para hablar de este asunto y que así Margallo pueda "acudir a los foros internacionales con un acuerdo de la Cámara".

El aborto y la reforma de la ley que lo regula han provocado uno de los debates más encendidos de los que han tenido lugar en esa misma sesión. El rifirrafe lo han protagonizado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la diputada socialista Elena Valenciano, ambos muy aplaudidos por sus respectivas bancadas.

Valenciano ha preguntado al ministro si "sigue manteniendo el Gobierno como prioridad recortar las libertades de las mujeres a través de la reforma de la ley del aborto". La diputada, que ha acusado a Gallardón de amenazar a las mujeres, ha lamentado que la nueva normativa vaya a responder al "discurso tradicional" del PP, según ha manifestado en alguna ocasión el titular de Justicia. "Su historia es la prehistoria y por eso nos inquieta", le ha espetado.

Esta mención a la "historia" ha dado pie a Gallardón para retroceder hasta el año 1931, cuando en las Cortes Constituyentes los socialistas "se opusieron a reconocer el voto a las mujeres", con el argumento de que eran mayoritariamente conservadoras e iban a votar a la derecha. "Se ha acabado la supuesta superioridad intelectual de la izquierda", ha dicho. El ministro ha rechazado que con la nueva ley del aborto, que está previsto que se apruebe en octubre en Consejo de Ministros, se vayan a recortar libertades a las mujeres, sino "todo lo contrario", ya que las refuerza y las protege, "partiendo del consenso".

La educación ha sido otro de los temas tratados este miércoles en el Congreso. Durante su intervención, el ministro José Ignacio Wert ha señalado que el número de beneficiarios de las becas generales bajó el curso pasado menos del 3%, cuando su ministerio subió por vez primera los requisitos académicos de concesión y renovación. En respuesta a preguntas de diputados socialistas, el ministro ha negado también que el número de alumnos universitarios se redujera drásticamente. Según sus palabras, descendió "ligeramente" en las universidades privadas, "no en las públicas".

Muy crítico con él ha sido el diputado Federico Buyolo, para quien el ministro "o no se entera, o miente". Buyolo le ha reprochado que hable de becarios como "vagos e improductivos" y que el objetivo de las becas sea "mejorar el rendimiento". "Lo que está usted haciendo es expulsar de las universidades a los hijos de los trabajadores y poner todas las trabas para que la universidad sea un privilegio de las élites sociales. Es un plan maléfico, ruin y de una crueldad terrible", ha añadido.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, también ha tenido que contestar a las cuestiones de la oposición, que le ha preguntado por la reforma de las pensiones. La diputada socialista Magdalena Valerio ha acusado al Ejecutivo de querer cargarse el modelo que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas con la excusa de que no es sostenible.

Tras apuntar que no va a aceptar lecciones del PSOE en esta materia, la ministra ha indicado que el Gobierno trabaja para que las pensiones suban siempre y para "blindarlas" de futuros gobiernos socialistas, "que dejan el sistema de pensiones en números rojos cuando gobiernan y las congelan cuando viene la crisis".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha negado por su parte que la reforma local atente contra algún estatuto de autonomía y ha apostado por mantener una "relación fluida" tanto con el PSOE como con el Gobierno de la Junta.

Montoro ha respondido así al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, quien ha pedido al ministro que retire la reforma. Heredia ha asegurado que "vulnera al menos 15 artículos" del estatuto andaluz y ha dicho que se trata de un texto "recentralizador" e "injusto" con los pequeños municipios.

El titular de Hacienda ha garantizado al diputado socialista "el espíritu abierto del Gobierno para evitar cualquier tipo de conflicto” y ha dicho que la reforma local es tan municipalista que se va a desarrollar en unas circunstancias marcadas por el superávit presupuestario con el que cerraron los ayuntamientos en 2012. El ministro ha calificado esta circunstancia de una "excelente noticia" que se va a remitir próximamente a Bruselas.