La Comisión Europea (CE) ha admitido este martes ante el Tribunal de Justicia de la UE que España ya ha recuperado la mayor parte de las ayudas conocidas como vacaciones fiscales vascas, lo que permitiría al país evitar una de las multas que le reclamaba el Ejecutivo comunitario.

"No sería necesaria una multa coercitiva", ha admitido el representante de la CE en el proceso, Carlos Urraca, durante su intervención ante el alto tribunal comunitario, al tiempo que ha subrayado que esa sanción no llegaría "si el país recupera todo antes de que el tribunal pronuncie su sentencia".

La Comisión había solicitado a la Corte la imposición de una sanción de 236.044 euros por cada día de retraso en la ejecución del dictamen de diciembre de 2006, en el que el Tribunal con sede en Luxemburgo declaró que España había incumplido una decisión de julio de 2001 de la CE según la cual las ayudas eran incompatibles con el mercado común y debían suprimirse y recuperarse.

Urraca ha precisado que España lo ha recuperado todo, aunque faltan 278.000 euros de intereses, que corresponden a ayudas concedidas a ocho empresas en Álava.

El Ejecutivo comunitario, sin embargo, pide que se mantenga la otra multa que había solicitado: una suma cuyo importe resultará de multiplicar una cantidad diaria de 25.817,4 euros por el número de días que hayan pasado también desde diciembre de 2006 hasta que se recupere el importe de las ayudas.

La CE considera necesaria esa sanción como "medida disuasoria" y dado que "España es el segundo país con más casos por recuperar", ha explicado Urraca.

Tras la vista de este martes, la Corte tendrá que concluir si España merece una multa como reclama el Ejecutivo comunitario y, en ese caso, a cuánto ascenderá. La decisión, que dependerá de 15 jueces y podrá demorarse más de un año, pondrá fin a una década de litigio.

Las denominadas vacaciones fiscales vascas engloban tres medidas que han sido objeto de juicios separados. En esta ocasión, se aborda el crédito fiscal del 45% del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos que establecieron las diputaciones para favorecer la creación de empresas en el País Vasco, así como en las denominadas minivacaciones fiscales, una reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada a partir de 1995.

En una etapa anterior, la Corte ya resolvió sobre una tercera rama de las ayudas, que consistía en la exención fiscal durante diez años del Impuesto de Sociedades a empresas creadas entre 1993 y 1994. Fue declarada ilegal y ha sido recuperada en su gran mayoría.