Las adjudicatarias de los hospitales detienen sus operaciones tras el nuevo parón judicial

  • Ribera Salud y Sanitas ya habían empezado a negociar con los trabajadores sin contrato fijo de Vallecas, Arganda y Coslada.
  • El consejero de Sanidad critica al juez que ha paralizado el proceso de privatización por segunda vez en menos de dos meses.
  • Según Lasquetty, ha tomado una decisión "política".
El exconsejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, durante una rueda de prensa.
El exconsejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, durante una rueda de prensa.
EFE/Angel Díaz
El exconsejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, durante una rueda de prensa.

Las dudas comienzan a aflorar entre las adjudicatarias de los seis hospitales cuya gestión acaba de privatizar la Comunidad de Madrid.

Los portavoces empresariales y sindicales consultados por 20minutos aseguran que las continuas interrupciones del proceso han provocado que Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo se planteen si alguna vez podrán tomar posesión de los centros, después de que el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid paralizase este martes el proceso a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas (Afem).

Los trámites ya estuvieron suspendidos durante dos semanas en julio. Este fue el tiempo que tardó el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) en desestimar el recurso presentado por el PSOE. Ahora, todo se para otra vez.

Aún quedan pendientes la querella penal presentada por Afem contra el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, el escrito impulsado por UPyD para que intervenga la Comisión Nacional de la Competencia, la apelación del PSOE contra el archivo de sus alegaciones, uno similar de CC OO y la decena de recursos que Afem y UGT han presentado por la vía contencioso administrativa contra cada una de las resoluciones de la Comunidad de Madrid que desarrollan las privatizaciones.

La Consejería de Sanidad explica que, hasta el momento, ni Sanitas ni Ribera Salud habían tomado posesión como tal de los hospitales de Coslada y Vallecas y Arganda, respectivamente. "No tenían capacidad operativa de gestión", detalló un portavoz.

UGT y Afem añaden, sin embargo, que sí habían abierto despachos —ahora sin actividad— en los centros para realizar entrevistas personales a todo el personal sin contrato fijo (interinos y eventuales) que había manifestado su intención de seguir en su puesto aceptando las nuevas condiciones. También habían iniciado el diálogo con los sindicatos presentes en los comités de empresa de los centros.

En su caso, Sanitas ofrecía a los médicos trabajar bajo el convenio de clínicas privadas mejorado a nivel salarial. La retribución sería similar a la del personal estatutario del Hospital de Fuenlabrada. En cualquier caso, se produciría una reducción de efectivos para limitar costes.

"Los datos que manejamos dicen que el 50% del personal no fijo ya había solicitado a Sanidad su incorporación a las plantillas de Sanitas, Ribera Salud e Hima", subraya Carmen Medranda, secretaria de Salud de UGT.

En los hospitales de Parla, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes la incertidumbre es mucho mayor. Sanidad ha reconocido un error administrativo en el proceso de adjudicación, por lo que la puertorriqueña Hima San Pablo no es aún, en realidad, la gestora. Antes de la nueva paralización decretada por la Justicia, ni siquiera se había puesto en contacto con los trabajadores.

Recurso inmediato

Mónica García, portavoz de Afem, recuerda a las empresas que, en uno de sus escritos ante el juez, ya advirtieron de que todos los actos que realizasen a partir de la adjudicación quedarían invalidados si sus recursos eran aceptados. "Corrieron el riesgo a sabiendas", zanja.

Este miércoles, el consejero de Sanidad compareció de urgencia para comunicar que su departamento recurrirá de inmediato la suspensión cautelar decretada por el juzgado de Instrucción 4 al entender que es el TSJM, que ya avaló la continuidad de las privatizaciones, quien debe decidir. El veredicto del tribunal podría retrasarse entre dos y cuatro semanas.

Fernández-Lasquetty criticó al magistrado instructor por verter, a su juicio, opiniones "políticas" en su auto. Además, aseguró que la suspensión de los actos administrativos que ordenada no tiene sentido porque las privatizaciones ya han concluido, algo que no está tan claro en el caso de Hima San Pablo. En cualquier caso, las empresas adjudicatarias no podrán tomar decisiones, realizar contratos ni despedir empleados mientras el TSJM no se pronuncie.

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