La Comunidad de Madrid adjudicó este jueves la gestión de seis hospitales públicos a las tres únicas empresas sanitarias privadas que se habían interesado por el negocio.

Hima San Pablo, procedente de Puerto Rico y que desembarca en España para impulsar el "turismo sanitario", gestionará el Infanta Cristina (Parla), el del Tajo (Aranjuez) y el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes). Ribera Salud, que ya se ocupa de los laboratorios centrales públicos y del hospital de Torrejón, se ha llevado los del Sureste (Arganda del Rey) e Infanta Leonor (Vallecas). La aseguradora Sanitas se queda el de Coslada.

La decisión que consuma el grueso de las privatizaciones sanitarias emprendidas por el Gobierno de Ignacio González se tomó este jueves en la reunión semanal del Ejecutivo. Tras la misma, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que los hospitales se mantienen como públicos, aunque su gestión pase a ser privada. "La sanidad madrileña va a seguir siendo pública y gratuita, pero con un coste inferior al actual", completó Lasquetty.

El consejero cifró el ahorro para las arcas públicas en 168,9 millones anuales. Esto es un 20% menos de lo que le cuesta hoy a la Administración tratar a los pacientes que acuden a esos hospitales y sus respectivos centros de especialidades. ¿Cómo se conseguirá y de dónde sacarán las empresas su beneficio? Por un lado comprometiéndose a tratar a los enfermos con menos dinero que hasta ahora. De media, la Comunidad gastaba 610 euros por paciente. Esa cifra ha quedado rebajada a unos 497 euros en los nuevos contratos de servicio.

La otra opción será rebajar los costes salariales. Si bien los pliegos de condiciones obligan a las adjudicatarias a subrogar a los 5.200 trabajadores que suman los centros, nada les impide despedir a los 3.120 con contratos interinos o eventuales ni ofrecerles peores condiciones de trabajo o salarios más bajos.

Las adjudicaciones coinciden con las tres únicas ofertas presentadas por cada uno de los lotes. Las interesadas ajustaron tanto sus propuestas a las condiciones impuestas por la Administración que las ofertas económicas calcaron en la práctica el precio máximo por paciente que Sanidad estaba dispuesta a pagar, lo que impidió que ningún lote quedase desierto pese a la escasez de propuestas.

Esto, y el hecho de que la Consejería de Sanidad sondease y se reuniese con las empresas antes de convocar el concurso, como informó 20minutos, ha llevado a la oposición a asegurar que el proceso está amañado, que ha sido un "reparto" previamente pactado, en palabras del diputado de UPyD Enrique Normand.

El PSM ha reclamado al Constitucional que deje en suspenso la privatización de forma inmediataLas sospechas aumentaron a raíz de que personal de Sanitas hiciese estudios y visitase el hospital de Coslada, que le ha sido finalmente adjudicado, antes incluso de que el concurso de gestión fuese convocado, según han confirmado trabajadores del centro.

La Comunidad de Madrid niega cualquier amaño. Este jueves, el consejero Lasquetty defendió que todo el proceso ha sido público, incluidas las dos reuniones de la mesa de contratación que ha elaborado la propuesta de adjudicación.

Esta mesa es un órgano formado por cargos a dedo nombrados por el PP y técnicos de perfil económico, no asistencial, como informó este diario. En la misma se encontraba inicialmente Antonio Burgueño, director general de hospitales y defensor de la sanidad privada que había trabajado con anterioridad para Capio y Adeslas. Burgueño renunció al saberse que su hijo trabaja para Ribera Salud, que ahora dirigirá los hospitales de Arganda y Vallecas.

Este mismo jueves, el Partido Socialista de Madrid amplió los recursos ya admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional contra el proceso de privatización. Los socialistas han exigido la imposición de medidas cautelarísimas para que la privatización quede suspendida hasta que los jueces examinen el caso.

En paralelo, un juez de Madrid ha imputado a los responsables políticos que en 2003 iniciaron la privatización de servicios en 2003. Entre ellos están los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes. El primero montó una empresa de sanidad privada al salir del Gobierno. El segundo fue consejero de Unilabs, integrada en Capio (adjudicataria de hospitales en Madrid) y propietaria de la empresa que gestiona los análisis clínicos de los seis hospitales cuya gestión se acaba de externalizar. Güemes terminó dimitiendo de este cargo al hacerse pública esta situación.

También deberán declarar Antonio Burgueño y Patricia Flores, actual directora del Servicio Madrileño de Salud y la persona que ha tenido la penúltima palabra en la propuesta de adjudicación de los seis hospitales. El juez también ha llamado a los representantes de Ribera Salud y Capio.

Si los plazos se cumplen, las adjudicatarias tomarán el control de los hospitales en el mes de septiembre. Mientras, el PP mantiene en solitario la apuesta por la gestión externa, toda vez que los profesionales y los pacientes se han unido en una "marea blanca" de rechazo que ha protagonizado más de 20 huelgas y manifestaciones.

Desde que comenzó el conflicto sanitario en octubre, los profesionales han salido a las calles de Madrid en 11 "mareas blancas" (la última de ellas, el domingo 23 de junio). La oleada de protestas contra el plan de Lasquetty comenzó con el encierro de los trabajadores de La Princesa en el centro. A este encierro le siguieron más noches en vela en decenas centros de salud y hospitales por toda la región. En paralelo, todo el sector sanitario en bloque convocó jornadas de huelga (tanto indefinida como temporales) en otoño e invierno. Incluso, los directores y cuerpos directivos de un centenar de centros de salud amagaron con dimitir si la Comunidad consumaba sus intenciones de privatizar la gestión de los ambulatorios.