Una jornada triste para Egipto, de las más negras de la historia reciente del país. La oficina de la Presidencia de Egipto decretó este 14 de agosto el estado de emergencia tras registrarse cientos de muertos y miles de heridos en distintas ciudades de la nación durante los disturbios que han sucedido al intento, por parte del Ejército, de desalojar las acampadas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi. Además, ha quedado instaurado el toque de queda en varias provincias del país, entre ellas El Cairo y Giza, a partir de las siete de la tarde.

Según cifras oficiales, el número de muertos supera los 500. En cuanto a los heridos, hay más de 3.700. Los Hermanos Musulmanes elevan la cifra de fallecidos a 4.000.

El número de muertos tras la decisión del Gobierno de desalojar las acampadas de los islamistas varió durante todo el miércoles, siempre en ascenso, manteniendo en todo momento la confusión sobre el número de víctimas.

Además, se ha confirmado la muerte de tres periodistas, un cámara de Sky News, una periodista de Gulf News y un periodista del diario Al Akhbar.

El estado de emergencia tendrá vigencia, al menos, durante un mes. Su aplicación incluye la suspensión de libertades civiles, derechos penales y políticos: huelga, asistencia letrada, celebración de mítines, inviolabilidad del domicilio y detención limitada. La seguridad queda en manos de la jerarquía militar que ya controla el país de facto tras haber derrocado y encarcelado a Morsi, el presidente elegido democráticamente en junio de 2012 tras la renuncia de Hosni Mubarak durante la 'primavera árabe'.

Morsi, perteneciente al partido de los Hermanos Musulmanes, fue depuesto y encarcelado el pasado 4 de julio en un levantamiento militar que pretendía impedir la aplicación de leyes de corte islamista-conservador en el país. En su lugar, el ejército egipcio designó como presidente interino a Adli Mansur, que tres días antes había sido designado para encabezar el Tribunal Constitucional Supremo.

El estado de emergencia impone un toque de queda en El Cairo y otras provincias entre las 19.00 hora local y las seis de la mañana. "Había una necesidad de que el Estado intervenga con una medida extraordinaria que es la ley de emergencia. Dios quiere, vamos a seguir. Vamos a construir nuestro Estado democrático y civil ", aseguró el Gobierno.

El portavoz de dicho departamento, Mohamed Fathalá, apuntó que el mayor número de fallecidos en El Cairo se registró en la acampada de los seguidores de Morsi en la plaza de Rabea al Adauiya, que fue destruida por las fuerzas de seguridad.

En este contexto de violencia, el vicepresidente de Relaciones Exteriores, el premio Nobel de la Pazz 2005 Mohamed el Baradei, anunció su dimisión como miembro del gabinete. "Renuncié porque no podía asumir la responsabilidad por decisiones que yo no compartía. Había alternativas pacíficas para llegar a un consenso", explicó.

Las cargas del Ejército contra los seguidores de Morsi, que exigen su excarcelación y reposición en la Presidencia, fue el detonante de toda la oleada de disturbios y enfrentamientos por todo el país que se saldó con un trágico balance.

El primer ministro egipcio, Hazem el Beblaui, aseguró que la policía demostró en esta jornada "la máxima contención". En una declaraciones en la televisión estatal, Beblaui dijo que la decisión de decretar el estado de emergencia fue "muy difícil" de tomar, pero obligatoria ante la escalada de la violencia.

Por la mañana, los soldados acudieron a desalojar por la fuerza las acampadas situadas en  las plazas de Rabea al Adauiya y de Al Nahda, en El Cairo y en la de Nahda, en Giza. Sus gases lacrimógenos fueron respondidos, según la televisión estatal, por lanzamientos de piedras y barricadas de neumáticos en llamas. Ello no impidió que las excavadoras y los carros blindados irrumpiesen en las acampadas llevándose tiendas y casetas por delante y que los enfrentamientos con la policía se produjesen cuerpo a cuerpo.

En una declaración televisada, Hazem el-Beblaui dijo que la decisión de desalojar las acampadas "no fue fácil" y se produjo tras intentar mediar con los manifestantes. "Las cosas habían llegado a un punto que ningún Estado podría aceptar", dijo, y se refirió a "la propagación de la anarquía y los ataques a hospitales y estaciones de policía".

El primer ministro acusó a los manifestantes de haber utilizado armas de fuego contra las fuerzas de seguridad, lo que habría justificado el uso de las mismas por la policía y el Ejército.

El estallido de la violencia derivó en varios ataques a varias iglesias, la mayoría en el sur del país. Las informaciones eran confusas sobre la autoría de esos ataques, ya que los medios de comunicación estatales acusaban a los seguidores de Mohamed Morsi, mientras que los Hermanos Musulmanes aseguraban que sus partidarios no eran responsables de los asaltos.