El Gobierno pretendería excluir a lesbianas y mujeres solas de la reproducción asistida pública, según publica este viernes El País. Ese diario asegura haber tenido acceso a la propuesta que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, ha enviado a las comunidades autónomas y que presentará el próximo martes en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

La nueva cartera básica de servicios que define Sanidad, según el borrador, reservaría estos tratamientos a "parejas integradas por un hombre y una mujer", siempre que haya problemas de fertilidad. Ese mismo medio de comunicación asegura haber hablado de "palabra" con fuentes del ministerio que aseguraron que cualquier persona estéril podrá acceder a dicho servicio.

Asegurarían igualmente que los nuevos criterios no responden a motivos ideológicos y que se trata de "priorizar": "Se atenderá a criterios terapéuticos y preventivos".

Desde Sanidad, a 20minutos, rechazan "confirmar o desmentir"nada sobre este asunto hasta que se reuna el Consejo Interterritorialidad de Sanidad. Pero fuentes del ministerio han confirmado posteriormente que, con carácter general, en ningún momento se ha discriminado para los tratamientos de infertilidad por condicionantes personales, como pueden ser que una mujer sea homosexual o no tenga pareja.

Con la actual legislación, la sanidad pública solo ofrece esta prestación gratuita cuando haya una diganóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida. Algunas comunidades sí cubrían a mujeres lesbianas o solas aplicando ese segundo supuesto, aunque otras que se aferraran a la literalidad de la ley y resultaba difícil a esos colectivos beneficiarse.

La nueva propuesta de Sanidad añade nuevos criterios: la mujer no puede ser mayor de 40 años y el varón de 50; no pueden tener en común ningún hijo sano y si algún miembro de la pareja se esterilizó voluntariamente o tiene problemas para cumplir el tratamiento por razones de salud o debido a su entorno social serán excluidos.

El mismo texto define la esterilidad como la "ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos". Requisitos que cerrarían aún más la puerta a estas mujeres a ese servicio.

Las comunidades autónomas que desearan seguir ofreciendo esos servicios, fuera de estos criterios, podría hacerlo, aunque solo si demuestran que tendrán presupuesto suficiente para hacerlo, según informa El País.