La crisis y reestructuración del sistema financiero español no solo está reduciendo el número y el tamaño de aquellas entidades que han tenido que recibir apoyo público. También está haciendo de oro a decenas de consultoras y bancos de inversión internacionales a los que tanto el Gobierno, como el Banco de España y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario) están adjudicando contratos millonarios.

Esta costumbre ya se venía practicando desde el inicio de la crisis. Así, por ejemplo, en mayo de 2011 (con el anterior Gobierno) el FROB eligió a las consultoras Ernst & Young, KPMG y BDO para valorar las entidades que entonces estaban bajo control público (Unnim, CAM y Novagalicia). El recurso con dinero público a expertos "independientes", sin embargo, se ha disparado con la llegada del nuevo Ejecutivo y el ministro Luis de Guindos, diseñador de la reforma del sector financiero español. Él mismo procede de una de las principales firmas de consultoría (PriceWaterhouseCoopers, PwC).

Las mayores subcontrataciones (llevadas a cabo de forma general sin concurso público) han sido las relacionadas con las pruebas de solvencia del sector bancario español aprobadas tras la nacionalización de BFA-Bankia. En total, el Banco de España (por encargo del Ministerio de Economía) desembolsó 31,39 millones de euros por una "prueba de resistencia global" a la banca española y dos valoraciones de su cartera crediticia (el conjunto de créditos concedidos por las entidades).

Este striptease para "solventar las dudas sobre la solvencia" de bancos y cajas españoles supuso, según datos oficiales, dos contratos de más de 10,5 millones de euros para la consultora estadouniense Oliver Wyman y otro de 696.200 euros para la firma alemana Roland Berger. Además, se contó en dos ocasiones con los servicios de las cuatro grandes auditoras internacionales (PwC, KPMG, Deloitte y Ernst & Young), sumados a la asesoría de Promontory Financial Group y el apoyo de Boston Consulting Group. En total, más de 400 auditores realizando "cometidos propios de los inspectores", tal como denunció en su momento la Asociación de Inspectores del Banco de España.

Casi en paralelo a la valoración de la banca española, se subcontrató el diseño del Sareb (el banco malo), la entidad encargada de comprar los activos tóxicos en poder del sistema financiero. Las autoridades españoles fueron asesoradas por la firma internacional especializada en resolver problemas Alvarez & Marsal, que a su vez reclamó los servicios de la consultora británica PwC, el banco de inversión japonés Nomura y el despacho de abogados Cuatrecasas. La externalización de este servicio ha costado más de 2 millones de euros públicos, según publicó El Confidencial.

Desde la petición a Bruselas del rescate al sistema financiero español, en junio de 2012, se han sucedido decenas de nuevas contrataciones a consultoras, bufetes de abogados y bancos de inversión para analizar, auditar y resolver el futuro de las entidades nacionalizadas. Así, en el caso de BFA-Bankia, su máximo accionista (el FROB) contó en mayo de 2012 con los servicios de tres bancos de inversión (Rothschild, HSBC y Credit Agricole) para evaluar detalladamente el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri. Este análisis venía a completar la due diligence (análisis global) llevado a cabo por la firma Ernst & Young apenas unas semanas antes.

A finales de 2012, el banco nacionalizado volvió a tirar de chequera para contratar a otras tres firmas (en este caso Nomura, Citigroup y BDO) con el encargo de conocer el valor real de BFA-Bankia. Esta operación fue fundamental para conocer el importe definitivo de las ayudas públicas destinadas a la entidad. Y también en enero echó mano de una subcontratada (en este caso KPMG) para gestionar el proceso de arbitraje por las participaciones preferentes.

No todo se acaba en Bankia. En abril de 2012, el FROB (organismo público con personalidad jurídica privada) había elegido al banco estadounidense Citigroup para subastar y vender otra entidad nacionalizada: CatalunyaCaixa (CX). La operación no llegó a buen término y posteriormente se contrató también para esta labor a Mediobanca (que a su vez fue la elegida para vender Banco Gallego), McKinsey y Nomura, también sin éxito.

Tanto la caja catalana como Novagalicia siguen sin venderse, y un informe encargado a la consultora McKinsey (por el que facturó 350.000 euros al FROB) ha concluído que la venta ha de llevarse a cabo lo antes posible, ante el riesgo de mayores deterioros en ambas entidades. Así a inicio de julio se anunció la contratación del banco de inversión BNP Paribas para proceder a la venta de la caja gallega (labor por la que percibirá unos 700.000 euros) antes de final de año. El pasado jueves se conoció también que la firma N+1 Corporate Finance será la que analizará y "eventualmente" venderá Catalunya Banc.

El pasado mes de febrero, la Sociedad de Gestión de Activos inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) adjudicó su particular due diligence a un consorcio de 13 firmas nacionales e internacionales. El banco malo, de propiedad privada pero con riesgo público (su deuda está avalada por el Estado), ha contratado un pack liderado por el bufete Clifford Chance que englobará a seis despachos de abogados, cinco tasadoras inmobiliarias, a KPMG y a IBM. Los bufetes privados son otro de los sectores que hacen su particular agosto en esta crisis financiera. Así, por ejemplo, el FROB ha dejado en manos de la firma Simmons & Simmons la representación legal en juicios como el de Bankia.

Si ya hay un equipo de supervisión bancaria y decenas de economistas y abogados del Estado, ¿Por qué el Gobierno recurre a estos servicios de coste millonario? "Se les contrata porque el mercado necesita expertos que den una valoración neutral", explican fuentes oficiales a este diario. ¿Es por desprestigio de los supervisores oficiales? No, en opinión de los analistas consultados. "Creo que es normal y lógico que se recurra a bancos de inversión especializados para emitir una valoración de un banco, ya que son entidades con experiencia en esa labor", señala Joaquín Maudos, de la Universidad de Valencia.

Para este catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, al recurrir a expertos internacionales "se garantiza la independencia en la valoración". Aunque el Banco de España tiene personal capacitado para realizar estas tareas, "lo que se busca en este tipo de información es algo distinto", opina.

"Hasta antes de la crisis, el Banco de España era de los bancos centrales más valorados de Europa, pero tras el estallido de la crisis ha sido esencial que la supervisión la llevase a cabo agentes externos", comenta a este diario un analista financiero, que opina que estos "son ejercicios muy costosos que compensan si traen el resultado requerido: la credibilidad".

El problema, tal como resaltan fuentes financieras consultadas por 20minutos, es que dichos contratos presentan a menudo falta de transparencia. Por un lado, los empleados del FROB y del Banco de España están sujetos a un estricto deber de secreto. Por otro, los concursos y subastas para adjudicar estas labores no se publican en ningún boletín oficial ni en las web de dichas instituciones. Otras adjudicaciones menores sí que pasan por procesos públicos.

El FROB sí que publica un informe anual en el que especifica el gasto total en "servicios profesionales externos", si bien aún no se ha presentado el correspondiente al ejercicio 2012, en el que se han llevado a cabo el grueso de los encargos. En 2011, el gasto total en subcontrataciones de expertos independientes supuso un gasto de 5,1 millones de euros, frente a los 886.000 euros del ejercicio 2010.