La jueza Pilar de Lara ha prorrogado un mes más el secreto de sumario de la denominada operación Pokemon, una actuación judicial que investiga la existencia de una supuesta trama en las adjudicaciones públicas de algunos ayuntamientos a empresas, principalmente al Grupo Vendex, según informaron fuentes jurídicas.

Se trata de la segunda prórroga, tras la decretada a finales de enero, de una trama que saltó a la opinión pública en la última semana de septiembre, cuando la instructora ordenó la detención de varios empresarios y de los entonces alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, así como del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.

Más tarde fueron imputados también, por un supuesto tráfico de influencias, los regidores locales de Lugo, el socialista José López Orozco, y Santiago, el popular Ángel Currás. En total, ya son treinta los imputados en este caso.

Uno de los tres imputados en la segunda fase de la operación, el exdelegado de la empresa Aquagest en Santiago de Compostela José Luis Míguez, declaró ayer  durante casi nueve horas ante la jueza instructora Pilar de Lara.

"Ha sido una declaración larga, como es obvio, muy minuciosa. Ha respondido a todas las preguntas, no se ha negado a responder a nada. Ha dado unas explicaciones yo creo que muy satisfactorias.

Tanto la jueza como nosotros tenemos que estar muy satisfechos porque ha sido una diligencia útil", insistió a la salida su letrado, Luis Rodríguez Ramos.

En cuanto a los delitos que se le imputan, cohecho, falsedad documental y prevaricación, el abogado recordó que "al inicio de un procedimiento, cuando se ponen muchos delitos, acaban sobrando todos, o por lo menos la mayoría".