Las investigaciones de la 'operación Pokémon', centrada en una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos, ha entrado en una segunda fase, que este jueves ha provocado la detención de nueve personas de Santiago de Compostela, Cataluña y Asturias, en la ya bautizada como 'operación Manga'.

En la rama en Galicia de esta investigación, la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo, Pilar de Lara, ha ordenado las detenciones del concejal de Seguridad de Santiago de Compostela, Albino Vázquez Aldrey (PP); de Ángel Espadas, exasesor del exalcalde popular Gerardo Conde Roa; del delegado de Aquagest en Santiago, José Luis M.R.; y del asesor cultural y organizador de eventos Jesús F.M., que fue arrestado en Madrid por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación son los delitos que imputa la jueza Pilar de Lara a la mayoría de los nueve detenidos este jueves. No obstante, el juzgado ha puntualizado que a alguno de los arrestados también se le imputa falsedad documental y blanqueo de capitales.

Mientras que el eje central de la 'operación Pokémon' es el entramado de Vendex, un grupo de más de 30 sociedades que ofrece diversos servicios de mantenimiento en varios ayuntamientos, las investigaciones han provocado que aflore la implicación de nuevas empresas, como Aquagest y la catalana GRS Arc Local.

Así, entre los nueve detenidos hay al menos dos con vinculación con Aquagest (empresa del grupo Agbar), cuya sede en Santiago de Compostela ha sido sometida a un exhaustivo registro que se prolongó hasta esta tarde. Aparte del delegado de esta firma en Santiago, el único detenido en Asturias es Francisco Joaquín Fernández Díaz, miembro del PP asturiano, quien también tiene relación profesional con esta firma de gestión de aguas.

Aparte de presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández es propietario de una empresa de consultoría e ingeniería y, según las fuentes consultadas por Europa Press, empezó como un simple comercial de Aquagest para la zona del occidente, pero luego pasó a la zona centro, para llevar un territorio más amplio, desde la oficina de Avilés, como Cantabria o Galicia.

Joaquín Fernández fue cogiendo poco a poco más responsabilidades, incluso en Barcelona, para controlar diversos contratos de la compañía. Por su parte, antes de ser delegado en Santiago, José Luis M.R. ejercía tareas comerciales y era el encargado de hablar con los ayuntamientos.

Aquagest es la empresa que gestiona las lecturas de los contadores de suministro de agua potable en Santiago de Compostela y también es la gestora del servicio municipal de agua en la localidad asturiana de Cangas de Narcea, en cuyo ayuntamiento este jueves también se ha requerido documentación.

Otro de los registros se llevó a cabo en la vivienda que el concejal delegado de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA en el Ayuntamiento de Santiago posee en la parroquia compostelana de Aríns.

Por su parte, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera también se personaron en el Consistorio compostelano, donde recabaron varios expedientes en los departamentos de contratación, tráfico e informática, así como en la secretaría del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. A mayores, el Ayuntamiento compostelano ha recibido tres oficios del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo para reclamar información adicional sobre diversos expedientes.

En la vivienda de Conde Roa, quien tuvo que presentar su dimisión como alcalde en abril de 2012 tras ser imputado por supuesto delito fiscal, se desarrolló otro de los registros en la capital gallega. En su residencia, ubicada en la calle San Roque, funcionarios de la Agencia Tributaria se llevaron varias cajas de documentación tras un registro que se prolongó durante unas cuatro horas.

Su exasesor Ángel Espadas fue uno de los detenidos este jueves. Conde Roa lo nombró jefe de Gabinete de la Alcaldía compostelana después de que tuviese que renunciar a concurrir en las listas de las pasadas municipales tras haber sido pillado ebrio y dormido al volante de su vehículo.

Una persona próxima a Ángel Espadas, el asesor cultural y organizador de eventos como conciertos y espectáculos Jesús F.M., también es uno de los detenidos en la operación Manga. Según fuentes consultadas, ambos comparten amistad y colaboran en algunos negocios.

Esta nueva trama de corrupción se ha extendido también a Cataluña, donde la jueza Pilar de Lara ha ordenado la detención del alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria i Danés, de CiU. Además de registrar el despacho de este alcalde, agentes de Aduanas inspeccionaron desde primera hora el Consejo Comarcal de La Selva en Santa Coloma de Farners (Girona), que preside Fauria, y dependencias del Patronato y de 'Xaloc' de la Diputación de Girona --dedicadas a la gestión de las cuentas de los pequeños ayuntamientos de la provincia--.

También en Cataluña fueron detenidos el jefe del departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de la Selva, J.C.F.M.; así como el apoderado de la empresa GRS Arc Local, J.M.F.I.G. y el administrador, A.R.V. También ha habido registros en las dependencias de esta empresa y en los domicilios de los dos empresarios detenidos en Lloret de Mar (Girona) y en Barcelona, así como en el Patronato de Turismo Girona-Costa Brava.

Las previsiones del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo son que los detenidos empiecen a pasar a disposición judicial a partir de las 9.00 horas de este viernes y que las declaraciones ante la jueza Pilar de Lara se prolonguen hasta el sábado.

La situación política en el Ayuntamiento de Santiago, donde aparte de lo ocurrido este jueves, pesan sobre el alcalde Ángel Currás (PP) dos imputaciones --una por la Pokémon y otra por la denuncia de un policía local--, han llevado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a concluir que "lo que pasa en el Ayuntamiento de Santiago no es normal".

Cuando ni siquiera ha transcurrido un año desde la dimisión forzada de Conde Roa a la Alcaldía compostelana por no haber abonado el IVA que cobró de la venta de unas viviendas, la oposición ve insostenible la situación. A raíz de los últimos hechos, el PSdeG se ha sumado al BNG en la petición a Ángel Currás de que presente su dimisión, mientras que IU ha insistido en reclamar elecciones anticipadas.

Entre los más de 30 imputados en la 'operación Pokémon' figuran hasta el momento cinco alcaldes, el último de ellos el de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP). Previamente, la detención en esta operación provocó la dimisión de Francisco Rodríguez (PSOE) como regidor de Ourense y de Adolfo Gacio (PP) como regidor de Boqueixón (A Coruña).

En la operación Pokémon también fueron imputados el alcalde de Lugo, Xose Clemente López Orozco —quien también es presidente del PSdeG—, así como el ya mencionado regidor de Santiago, pero ambos han rechazado dimitir por esta causa.

Aparte de personal relacionado con la empresa Vendex y funcionarios, figuran entre los imputados otros políticos como Fernando Varela, quien presentó su dimisión como concejal del BNG en Ourense, o la edil de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez (PP).

Además, uno de los principales imputados en esta causa es el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, el socialista Francisco Fernández Liñares, quien llevó diversas concejalías en el Ayuntamiento de Lugo.