El Estado ha pagado en los últimos seis años (entre 2007 y 2012) nada más y nada menos que 23,3 millones de euros para financiar la seguridad de los partidos políticos. De estos, 17,8 millones se han gastado sin ninguna limitación, es decir, los partidos los han invertido en las medidas de seguridad que ellos han creído conveniente. Sólo tenían que justificar las facturas.

Entre esos gastos sin limitación están los 101.395 euros que el PSOE pagó en 2007 para reformar la vivienda del exministro y ahora diputado José Blanco. El chalé, de 300 metros cuadrados construidos, está siendo investigado dentro del 'caso Campeón'. La casa fue adquirida en 2006, cuando Blanco no formaba parte del Gobierno, sino que era número dos del PSOE.

En 2003 los partidos pactaron la Ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo para mejorar la seguridad de sus concejales, sedes y altos cargos, en una época en la ETA atentaba contra los cargos públicos con especial virulencia. Esa ley fijaba unas subvenciones anuales a los partidos con representación en el Congreso, en función de los escaños y los votos obtenidos.

Así, por ejemplo, en 2007 el Estado pagó 3,33 millones; 4 millones en 2008; 4,1 millones en 2009; 4,1 millones en 2010; 4,2 millones en 2011; y 3,38 millones en 2012. En total, esos 23,3 millones. Para 2013, con la amenaza terrorista bajo mínimos, se han presupuestado otros 2,7 millones. De esos 23,3 millones, 9,8 millones fueron para el PP y 8,7 para el PSOE.

El PSOE, por boca de su líder Alfredo Pérez Rubalcaba, ha aclarado que los gastos en la casa de Blanco se hicieron por recomendación de la Policía, y que se justificaron todas las facturas ante el Ministerio del Interior y el Tribunal de Cuentas.

La ley de 2003 no especificó, sin embargo, qué conceptos o gastos se podían pagar con las ayudas de seguridad, sino que quedaban bajo los criterios de los partidos siempre y cuando se justificaran. La norma no cambió hasta septiembre de 2011, gracias a un real decreto que reguló estas ayudas. Y se hizo por la insistencia del Tribunal de Cuentas, que pedía una norma que delimitara "claramente la naturaleza de dichos gastos"

Ese decreto de 2011 especifica qué gastos de seguridad son subvencionables: la protección de las sedes de los partidos, escoltas y vehículos blindados para miembros de los partidos, protección de la información de los partidos y de los actos públicos y eventos. En un principio, la casa de un alto cargo no entra en lo regulado. Cuando se hicieron las obras en casa de Blanco en 2007 no existían estos criterios, por lo que en un principio esas obras parecen legales.

Ni Interior ni el Tribunal de Cuentas detectaron anomalías en las inversiones en seguridad en el chalé madrileño de José Blanco. De esos 23,3 millones abonados por el Estado en materia de seguridad a los partidos entre 2007 y 2012, 17,8 millones fueron pagados entre 2007 y septiembre de 2011, cuando no estaban regulados los gastos.