La Consellería de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Ayuntamiento de Barcelona y los colegios de abogados y procuradores de la capital catalana firmaran la primera quincena de marzo un protocolo para que todos los desahucios sean comunicados los servicios sociales antes de que sean ejecutados.

De este modo, se pretende evitar que las familias queden totalmente desamparadas cuando les echen de su casa. Así lo ha anunciado este miércoles el conseller de Justicia, Germà Gordó, durante su primera comparecencia en el Parlament de Catalunya esta legislatura.

El protocolo, no obstante, no acabará con el "drama social" que generan los desahucios pues para ello son necesarias "medidas urgentes", ha explicado Gordó, quien ha reclamado al Estado una reforma "profunda" de la ley hipotecaria y las leyes procesales pues la Generalitat no tiene competencias.

Entrará en vigor en el momento de su firma y podría extenderse a otros municipios catalanes. En la capital catalana los servicios sociales -que en 2012 atendieron a más de 290 familias desahuciadas- ya actúan de forma preventiva cuando hay menores de edad o en situaciones especialmente vulnerables, gracias a un convenio entre el ayuntamiento, jueces y procuradores.

Otra de las medidas emprendidas por el consistorio barcelonés es el de dejar de cobrar la plusválua a quienes pierden su vivienda a causa de una ejecución hipotecaria. Cada vez más municipios no cobran este impuesto y algunos han dejado de operar con las entidades financieras que promueven los desahucios.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Lluís Rabell, ha recibido con satisfacción el anuncio de Gordó. «Los desahucios por impago de alquiler se han disparado y es urgentísimo que los servicios sociales puedan actuar a tiempo». Según el Decanato de Barcelona, en enero se registraron más de 70 ejecuciones hipotecarias y 470 desahucios por impago del alquiler, si bien en algunos casos se trata de locales comerciales.

En el caso del impago de la hipoteca, la familia pierde la casa con el agravante de que queda endeudada de por vida. Rabell, sin embargo, se ha mostrado preocupado por los impagos del alquiler porque responden a «un empobrecimiento general, a la pobreza sobrevenida».  Además, han encontrado casos de personas desahuciadas que habían podido realojarse y que ahora las vuelven a echar en no poder pagar el alquiler.

Hay pequeños propietarios que dependen del alquiler para vivir y por eso tienen que echar al inquilino, pero también hay grandes propietarios como inmobiliarias, fondos de inversión y entidades bancarias. Rabell ha mostrado su preocupación por la intención del Ejecutivo central de hacer público un listado de morosos, el que «marcará gente como delincuente durante años».

La FAVB, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras entidades quieren que el Ayuntamiento de Barcelona que apruebe una moratoria contra los desahucios y que la Guardia Urbana no colabore en las ejecuciones.

Además, próximamente, animarán a todos los funcionarios policiales y judiciales a ejercer la objeción de conciencia para no participar en los desahucios, como harán los Bomberos de la Generalitat. «Es una medida más de presión para parar la sangría de los desahucios», ha dicho Rabell.

La FAVB ha animado a todas las asociaciones de vecinos a participar este sábado en las diferentes marchas que confluirán en la plaza de Cataluña en defensa de los derechos sociales y laborales y para mostrar la indignación ciudadana ante la crisis, los recortes y la corrupción.

En un comunicado, ha recordado que, el lunes, la policía intentó desahuciar a una abuela en la Coruña y una mujer se prendió fuego en un banco de Castellón, el mismo día que Luis Bárcenas volvía de esquiar en Canadá.