La ciudad de Melilla no da abasto para atender a los niños que entran ilegalmente en territorio español desde el vecino Marruecos.

A 18 de octubre, y según los datos oficiales recopilados por la Delegación del Gobierno, la Ciudad Autónoma tiene bajo su tutela a 281 menores extranjeros no acompañados (233 marroquíes y 48 subsaharianos y argelinos repartidos prácticamente al 50%). Sin embargo, la capacidad del centro de La Purísima Concepción, donde son acogidos la mayoría, solo tiene plazas para 120.

Esta situación, que se ha convertido en endémica en los últimos dos años, ha provocado que Arquisocial S.L., la empresa que gestiona estas instalaciones públicas, haya tenido que habilitar espacios destinados a aulas de enseñanza como dormitorios. Las mesas y las sillas han sido retiradas para dar paso a literas.

Según los trabajadores consultados por 20minutos.es, el aumento de residentes y la competencia por el espacio están provocando mayores roces en la convivencia y déficit de atención de las necesidades de los chavales.

Las razones de esta saturación, según admite la Delegación del Gobierno, son dos: la falta de recursos permanente que padece la ciudad a la hora de hacer frente a la presión migratoria y el repunte en las entradas ilegales de niños registrado durante el pasado verano. El 10 de junio, llegaron a entrar en la ciudad 23 menores (todos ellos subsaharianos) en un solo día.

En lo que va de año, el Ejecutivo de Juan José Imbroda (PP) ha incoado 446 expedientes sobre menores no acompañados. La cifra no corresponde con el número real de menores solos en situación irregular, ya que se puede incoar más de un expediente al mismo niño si este se va de La Purísima por su propia voluntad. El régimen del centro, de hecho, es abierto y las autoridades no les impiden la salida.

Los expedientes tramitados, sin embargo, sí ponen de manifiesto una tendencia al alza. Entre 2008 y 2011, la cifra de procedimientos pasó de 211 a 553. La Delegación estima que 2012 puede acabar con un número similar al del pasado año. En total, el número de niños atendidos por la ciudad (entre menores solos, menores infractores y niños cuyos padres han perdido la patria potestad) es de 345.

La ONG melillenses denuncian que el tratamiento que el Gobierno local da a los menores no acompañados agrava el problema, porque provoca que decenas de ellos acaben en la calle -mendigando o delinquiendo- antes de cumplir los 18 o que permanezcan en situación irregular en la ciudad tras alcanzar la mayoría de edad.

Cualquier menor que acceda solo y de manera ilegal a territorio español por esta zona queda, automáticamente, bajo tutela de la ciudad. El 90% de ellos ingresa en el centro de La Purísima, donde tiene derecho a alojamiento, manutención, educación y asistencia sanitaria completa. El resto, va a entidades colaboradoras.

"Cuando cumplen los 18, se les expulsa del centro sin papeles. A los que tienen suerte, se los tramitan en dos, tres, cinco meses, pero muchos expedientes no concluyen porque los chavales se marchan antes a Marruecos o a la Península. ¿Qué van a hacer si lo han tenido todo y se lo quitan de un día para otro? Al gobierno local le da igual porque, si se marchan, se quita un problema de encima", explica José Palazón, presidente de la Asociación Prodein.

La parte de los menores que deja La Purísima para vivir en la calle es significativa, según Palazón. "Es fácil encontrarles. Están en la escollera, esperando para colarse en los barcos a Motril, Málaga o Almería. Eso, cuando no caen en manos de traficantes locales y se dedican a vender droga o a robar. En el caso de las chicas, entran sin contrato a servir o a limpiar en domicilios particulares para poder ganarse el sustento y enviar dinero a sus familias", detalla.

Isabel Torrente, coordinadora de la asociación local Melilla Acoge, corrobora esta situación: "O entran en el centro de estancia temporal de inmigrantes adultos (CETI), o salen a la calle a lavar coches o a pedir, cuando no algo peor. Nosotros les ayudamos a tramitar los papeles, pero hay muchísima demanda".

La profesora del departamento de Derecho del Trabajo Carmen Burgos, que publicó a mediados de años la investigación interdisciplinar 'Las migraciones en las ciudades de Ceuta y Melilla' (Editorial Comares), apunta que no existe ningún protocolo oficial para estos casos.

"Los centros no están acondicionados, ni cuentan con los recursos materiales y humanos necesarios para su correcto funcionamiento", detalla, para añadir que la respuesta institucional por parte de la Administración "no colma las expectativas" de los chavales ni consigue su efectiva integración.

El Gobierno de Melilla no aclara los criterios para tramitar los permisos de residencia o trabajo a los menores que se convierten en adultos. Según Francisco López Fernández, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, apenas los niños que demuestran un mejor comportamiento consiguen regularizar su situación, aunque ni siquiera en estos casos hay garantías si no tienen un precontrato de trabajo.

El hecho de que La Purísima sea una concesión pública gestionada por una empresa privada, añade López Fernández, solo añade más piedras en el camino: "Se contrata a gente joven con mucha ilusión, pero permanecen poco porque ganan la mitad que en Administración y su objetivo es preparar una oposición. Si motivarse es difícil, más lo es ver que, muchas veces, el trabajo que hacen con los adolescentes no sirve para nada ¿Por qué la ciudad no reserva plazas en los planes de empleo y formación para ellos? Pregúntenle al presidente Imbroda".

Unas notas altas y un buen comportamiento pueden ayudar a obtener un permiso de residencia. Fátima (nombre ficticio) acudió a Melilla Acoge cuando cumplió 18 años y tuvo que dejar el centro Divina Infantita, una de las entidades que colabora con la ciudad autónoma en la acogida de menores no acompañados y que gestionan las Religiosas Esclavas de la Inmaculada Niña.

Era una estudiante modelo, pero al salir, como tantos, se quedó en la calle y sin tarjeta sanitaria. Una amiga le permitió vivir en su casa mientras encontraba trabajo. En la ONG le han conseguido un NIE (Número de Identidad de Extranjero) en cuyo reverso figura, sin embargo, que no puede trabajar.

"Estamos intentando ayudarla porque quiere continuar sus estudios. No sabemos si lo vamos a lograr, pero aquí tratamos de orientarla laboral y jurídicamente. A estas personas no se les puede dar el caramelo y luego quitárselo de la boca", se lamenta la voluntaria Jamila Belkasmi.

[20minutos.es se puso en contacto en reiteradas ocasiones con el Gobierno de la ciudad de Melilla durante las últimas dos semanas para elaborar este reportaje, sin obtener ninguna respuesta]