Los jueces, divididos sobre el auto de Pedraz, pero unidos contra los insultos al magistrado

Jueces para la Democracia ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que ampare al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, después de que el diputado del Partido Popular Rafael Hernando le llamara "pijo ácrata" tras hacerse público el auto exculpatorio a los convocantes de las protestas del 25-S. La asociación también ha instado a la Fiscalía a investigar si dichos calificativos son "constitutivos de infracción penal".

El portavoz de la asociación progresista, Joaquim Bosch, asegura que la frase del juez Pedraz sobre "la decandencia de la clase política" en el auto por el que se exculpó a los imputados de organizar la convocatoria del 25-S "ha sido sacada de contexto". Según la opinión de su asociación, "la frase no es una afirmación del juez, sino una valoración del contexto de la investigación penal" e insisten en que el juez "se sitúa en la visión de los acusados, pero ni comparte ni deja de compartir dicha idea".

En referencia a los calificativos de "pijo" y "ácrata", Bosch recuerda que las resoluciones " se pueden valorar", pero opina que "no es admisible verter insultos y expresiones vejatorias contra el magistrado que las dicta, por eso pedimos al CGPJ que ampare al juez y a la fiscalia que investigue si estos insultos son constitutivos de infracción penal", ha asegurado Bosch en declaraciones a 20minutos.es.

Por último, Jueces para la Democracia lamenta que la resolución de archivo de la causa del 25-S no haya sido criticada "con argumentos jurídicos" y se muestran "consternados"porque la Delegación del Gobierno dijera que dichas manifestaciones eran un delito gravísimo y del auto se desprende todo lo contrario, que no comportan ni una leve infracción penal".

El Consejo General del Poder Judicial puede conceder el amparo a los magistrados que denuncien sentirse inquietados o perturbados en su independencia judicial.

Desde la conservadora asociación de jueces Francisco de Vitoria, su portavoz José Luis González Armengol, expresa que él, "personalmente", no comparte las razones expuestas en el auto "porque desde un punto de vista formal, las resoluciones no deben contener ningún tipo de crítica política o alabanza a instituciones o personalidades".

Asimismo, González Armengol dice que en su asociación están "convencidos de la actuación correcta de las fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de que cualquier extralimitacion pueda ser objeto de la investigación correspondiente. En las manifestaciones puede darse peligro de riesgo para la vida de las personas y la  Policía tiene que intervenir para proteger el orden público", ha señalado.

Sobre las críticas personales al juez Pedraz, en la asociación Francisco de Vitoria señalan que "evidentemente los autos pueden ser objeto de valoración objetiva y crítica, lo que evidentemente se debe respetar es no verter calificativos personales respecto al juez concreto que ha dictado la resoluciónn si son de índole personal".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, aunque entiende que la frase del juez sobre la decadencia política ha sido "superflua" e "innecesaria", cree también que pretender que tenga mayor trascendencia, al margen de haber sido desafortunada, es hacer un ejercicio de "tremendismo".

Mientras, desde el Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha indicado que su asociación ni critica ni alaba las resoluciones judiciales, aunque reconoce que no es normal que en un auto se utilicen expresiones de esa naturaleza y cree que puede haber habido un "exceso de pluma" por parte del juez. No obstante, también Dolado, como el resto de los portavoces de las asociaciones judiciales, considera que la crítica hacia la persona también ha sido excesiva.

Entre los que también se han pronunciado sobre el auto, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, que ha manifestado que respeta el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archiva las diligencias abiertas contra los organizadores de la manifestación del pasado 25S, como el resto de resoluciones judiciales, y ha añadido que "quien no esté de acuerdo con ellas tiene medios en el ordenamiento jurídico para recurrirlas".

Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ante la polémica desatada por la resolución de Pedraz emitió un comunicado en el que dice: "En relación con las críticas provocadas por la posible existencia en ella de algún elemento capaz de molestar a personas implicadas o ajenas al proceso, hay que recordar que tanto dentro como fuera del mismo proceso existen mecanismos reglados para corregirlo. Pero de haberse producido un exceso en los términos empleados en dicha resolución, en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal dirigido contra el juez que la dicta. Las críticas que invaden la esfera personal mediante descalificaciones que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada son intolerables y deben cesar de inmediato".

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dicho este viernes que, "seguramente", ella tiene "más respeto por el juez Pedraz que el juez por muchos políticos". Así lo ha indicado en RNE, después de que el magistrado enmarcase la protesta en el derecho a la libertad de expresión "ante la convenida decadencia de la denominada clase política".

La Defensora del Pueblo ha dicho que aunque "seguramente" se podría actuar de oficio contra éstas declaraciones del juez, ella es partidaria de "valorar sosegadamente" este tipo de decisiones.

El Colectivo Manos Limpias ya ha denunciado este viernes al juez ante el Consejo General del Poder Judicial por su crítica "displicente" a la clase política y  por "denigrar" a la Policía en el auto. En su denuncia, Manos Limpias cree que las expresiones vertidas en el citado auto son constitutivas de una falta disciplinaria grave de las contempladas en el artículo 418.3 y 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, castigadas con multas de hasta 6.000 euros.

Ambos preceptos censuran "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición". También "la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico".

Por ello pide al Consejo que abra a Pedraz un expediente disciplinario por una "extralimitación en sus funciones" por aludir en su auto a "la decadencia de la clase política" y por lanzar "acusaciones de falsedades en los atestados levantados" por la Policía, que "dejan a esta Institución de cara a la opinión pública en una situación de desprestigio total".